El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó la imputación contra su cliente, el exministro Arnaldo Giuzzio, además acusó al Ministerio Público de ocultar la existencia de la investigación.
En contacto con El Observador, Duarte Cacavelos afirmó que en abril pasado ya habían solicitado una copia del expediente. “El fiscal Osmar Legal me notifica que no le está investigando, por eso no le podían dar una copia del expediente”, dijo y aseguró que “acá hubo un ocultamiento deliberado de la investigación”.
Anunció que presentarían recusación contra ambos agentes fiscales en las próximas horas, por una actuación de “mala fe de personas que conocen de derecho y por eso son fiscales (…) Yo tengo probado que me mintieron”.
Expuso que el viernes realizaron el acta de imputación, pero el allanamiento recién fue realizado en la fecha. “El allanamiento es un procedimiento urgente y hacen hoy, cuatro días después. Cuál era la urgencia, qué se podría perder, porque esperar cuatro días”, cuestionó.
Mencionó que desde el 23 de febrero existía la sospecha sobre su defendido, sin embargo, esperaron siete meses para hacer esta imputación. “Esto es un show, un montaje al que está acostumbrado el fiscal Osmar Legal ahora la conozco a la (fiscal Alicia) Sapriza, que es otra que se presta para este tipo de cuestiones que no tiene lógica jurídica”.
A su criterio, no tiene lógica que su cliente, Arnaldo Giuzzio “haya recibido dolosamente una camioneta de un narco buscado en Brasil, para irse a Brasil”, cuestionando el fundamento de la imputación.
No existe licitación
Concretamente sobre la imputación de favorecer supuestamente a Marcos Vinicius, aclaró que no existe contrato ni adjudicación a las empresas que administraba el supuesto narco. “Esto tiene que ser un pacto ilícito previo o posterior, pero tiene que estar ligado a una contratación del Ministerio del Interior. No existe contrato entre el Ministerio del Interior y estas empresas (Black Eagle Group SA – Ombu SA)”, argumentó.
Seguidamente, se preguntó cuál es el agravio de que dichas empresas hayan reparado el blindaje de una camioneta del Estado, que fueron incautadas durante procedimientos y que estaban blindadas por dichas empresas. “Entonces a esa empresa que blindó simplemente se le pidió que haga la reparación para que se pueda usar al servicio del Ministerio del Interior”
Otra vez volviendo al alquiler, asegura que la misma fue alquilada por U$S 700, pero nuevamente vuelve a puntualizar lo que considera como ilógico. “Nadie en su sano juicio irá al Brasil con una camioneta buscada por el Crimen Organizado de Brasil”.
“Rubros distintos”
En cuando a lo que señala la imputación sobre el supuesto usufructo de fondos de otros rubros que fueron destinados a la reparación de vehículos del Ministerio del Interior, Duarte Cacavelos manifestó que, si su cliente tenía la sospecha de que eso se constituía en un hecho punible, eso sería lesión de confianza. “¿Por qué no imputan por lesión de confianza? Porque no tienen el elemento de perjuicio patrimonial”, enfatizó.
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