El abogado Efraín Lozano Angulo, representante de Carina Raquel Jiménez del Canto, alzó su voz contra la aparente inacción del Ministerio Público en la Fiscalía Barrial N° 2, que lleva ya seis meses sin avances significativos en una denuncia presentada contra el abogado Andrés Catalino Ayala López. Según Lozano, la ausencia de una fiscal titular y la lentitud en el tratamiento de este caso reflejan una preocupante falta de diligencia.
El caso, que involucra delitos de estafa y cobro indebido de honorarios, se centra en los G. 77.000.000 abonados por Jiménez del Canto para gestionar la titulación de un inmueble en Caapucú ante el INDERT, gestiones que, según la denunciante, no se llevaron a cabo. A pesar de las reiteradas solicitudes para el reembolso de los honorarios, el denunciado no ha cumplido con su obligación, lo que ha llevado a su representación legal a presentar pruebas documentales y testimoniales ante el Ministerio Público.
En este contexto, Lozano apuntó directamente a la falta de titularidad en la unidad fiscal, interinada actualmente por Karen Chaparro, quien además tiene a su cargo la Unidad Especializada en Trata de Personas y otros delitos. «Es imperativo que el fiscal general del Estado designe de inmediato a un fiscal titular para esta unidad. Mi representada, como tantas otras víctimas, está solicitando justicia», manifestó.
La denuncia incluye un cúmulo probatorio que, según el abogado, acredita los delitos cometidos. Entre las pruebas presentadas figuran facturas, escritos relacionados con las gestiones en el INDERT y un acta notarial que detalla la transcripción de mensajes de texto. Adicionalmente, se han solicitado informes a diversas instituciones, como la SET y el Departamento de Antecedentes Judiciales.
Lozano también criticó la falta de acción por parte del Ministerio Público al no haber convocado al denunciado para que este tome conocimiento de los hechos. «Es inaudito que después de seis meses, no se haya avanzado en un caso con pruebas tan contundentes. Esta inacción no solo afecta a mi cliente, sino a muchas otras personas que esperan justicia», declaró.
La denuncia subraya la importancia de asignar un fiscal titular para garantizar el diligenciamiento de los casos pendientes en la Fiscalía Barrial N° 2. «Exhortamos al fiscal general del Estado a que tome cartas en el asunto, no solo por este caso, sino por todos aquellos que dependen de esta unidad», concluyó Lozano.
