El abogado Theodore Stimson sumó su opinión al debate sobre la tipificación sobre la declaración jurada de bienes. A su criterio, las reglas están claras en materia de legislación y la diferencia radica en su buena aplicación en la búsqueda de justicia.
Para el profesional, no es necesaria la creación de nuevas leyes puesto a que en el artículo 243 del Código Procesal Penal se encuentra la raíz a través de la cual tanto el Ministerio Público como los juzgados penales deben basar sus respectivas actuaciones.
“No hay un vacío legal, el Código Procesal Penal abarca esa situación lo cual no significa que toda declaración que tenga alguna inconsistencia o no correspondencia a criterio de la Contraloría General de la República automáticamente implique la comisión de un delito, es ahí donde hay un problema de aplicación de la ley”, explicó Stimson en contacto con El Observador Radio.
Al mismo tiempo aclaró que en caso de que el examen de correspondencia detecte indicios de posibles hechos punibles entonces se abra una investigación diferente a la declaración falsa como tal.
“De entrada la declaración a mi criterio no es algo que se confíe como autoincriminación, no viola el derecho constitucional de declarar contra sí mismo porque no se le está pidiendo que se declare o que se confiese como que hizo declaración falsa, pero esa declaración más el examen de la CGR y otros elementos de juicio pueden dar lugar a una investigación que se encuentren otros delitos, o que la declaración tenga defectos importantes, pero eso otra vez pasa por la aplicación del debido proceso, valorar las pruebas conforme a la sana critica, objetividad, y una sentencia con fundamentos válidos y no simplemente que sea una aplicación mecánica de la ley que no tenga sentido”, recalcó el entrevistado.
Para Stimson toda controversia puede resolverse mediante la aplicación de las herramientas legales existentes con razonabilidad y criterio y no de forma arbitraria, en este último caso especialmente cuando se usa como método de persecución y es ahí donde también existen formas de contrarrestar estas maniobras por medio de resortes legales.
“Ese es un problema en que la Fiscalía y los Juzgados tienen que tener cuidado en no usar el 243 como un elemento para hacer confesar otro delito diferente y no ponerle al imputado en el dilema de que cometió perjurio o cohecho, es la manera de aplicar es la que se tiene que hacer respetando los otros principios, ninguna ley se aplica sin tener en cuenta otros principios, a lo mejor no están expresados o explícitos, pero siempre que uno aplica un tipo penal, civil y siempre hay otro principios que están influyendo en la forma y en la extensión en que se van aplicar estos artículos”, apuntó.
Artículo Relacionado: “Declaración jurada de bienes ante Contraloría no puede considerarse una conducta típica”