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Abogados laboralistas proponen cuatro modificaciones para reducir mora procesal en la Sala Constitucional

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 La Asociación de Abogados laboralistas presentó una serie de propuestas para agilizar la tramitación de expedientes en la Sala Constitucional, entre ellas suprimir la Secretaría de Admisibilidad, que aseguran es un embudo donde se estancan los expedientes. 

El gremio asegura que la renovación de los Miembros en la Sala Constitucional, no generó los cambios esperados en el estudio de las acciones de inconstitucionalidad, sino “muy por el contrario, el sistema pernicioso que no funcionó durante décadas, sigue vigente, e incluso, agravándose por la mora procesal”.

En ese sentido, como principal propuesta la Asociación solicita suprimir la Secretaría de Admisibilidad “porque además de no solucionar los problemas, los agrava, convirtiéndose en un embudo donde confluyen todas las acciones promovidas, sin que sean ‘estudiadas’ con la celeridad y eficacia requeridas, para ‘admitir’ su estudio considerando el grado de importancia social del caso” y a cambio, sostienen que sería más factible distribuir los expedientes equitativamente, -según su importancia social-, y reubicar el talento humano en los despachos de los ministros de la Sala, para facilitar la labor de los relatores especializados, en cada materia jurídica.

Otras de sus propuestas son clasificar los expedientes de acuerdo a los fueros de origen de las acciones de inconstitucionalidad; establecer un plazo razonable para dictar resoluciones conforme a la antigüedad de los expedientes respectivos. “Solicitamos en este punto, otorgar prioridad a las acciones de inconstitucionalidad derivadas del Fuero de la Niñez y Adolescencia, del Fuero Laboral y Seguridad Social, y Regulación de Honorarios”.

También recomiendan establecer un esquema, formulario o modelo estándar, para los escritos de las acciones de inconstitucionalidad que puede ser informático, elaborado con la participación de profesionales técnicos especializados en materia jurídica, donde el accionante establezca con precisión la norma constitucional transgredida. 

Finalmente afirman que es conveniente promover cursos de formación y capacitación especializados, así como concursos públicos de oposición, para acceder al cargo de Relator de la Corte Suprema de Justicia, a fin de obtener transparencia en la incorporación de los mismos, con cumplimiento de requisitos objetivos basados en la experiencia profesional, la formación jurídica y la idoneidad y probidad para ocupar estos cargos.

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