La ministra Carolina Llanes hizo hincapié en la acordada presentada ante el pleno de la Corte la semana pasada, que trata sobre el procedimiento legal establecido en casos de suspensión de plazos durante la sustanciación de juicio oral y actuación jurisdiccional luego de la misma.
Durante la presentación, Llanes explicó que los juicios orales y públicos se rigen por diversos principios, entre ellos el de la continuidad y en ese sentido, las normas establecen que las actuaciones deben realizarse de manera consecutiva, no debiendo mediar más de 10 días de interrupción entre ellas, para evitar la violación de estos principios.
Esto, según su exposición, “ha generado que muchos profesionales planteen recusaciones y si no se resuelve en ese tiempo, se produce la interrupción, lo que implica el reinicio del juicio oral con nuevo Tribunal, generando una dificultad que atenta contra la celeridad”.
La acordada, en consecuencia, pretende establecer una reglamentación de operativización de los principios del juicio oral y las reglas para recusación y reanudación de los juicios una vez resueltos los incidentes.
Al respecto, Llanes sostuvo hoy que se busca preservar los principios que rigen al juicio oral y público “y no solo buscar recovecos y salidas para las chicanas”.
Se pretende con esta propuesta, “operativizar las normas no correctamente aplicadas o distorsionadas, siempre buscando la calidad del sistema de justicia”.
