La oposición del juez Mirko Valinotti al sobreseimiento definitivo del senador colorado, Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, en el proceso por declaración jurada falsa, es ahora una “prueba de fuego” para la Fiscalía General del Estado. Queda en manos de la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, ratificar la desvinculación del matrimonio de la causa o solicitar que la pareja afronte juicio oral y público.
Con una maniobra que salpicó a la Dirección de Declaraciones Juradas de la Contraloría y el allanamiento de la fiscala Natalia Fúster, el legislador y la exintendenta de Ciudad del Este casi fueron blanqueados. En enero de 2020, ZI y Sandra fueron acusados. Recién dos años y ocho meses después se hizo la preliminar, ya que el expediente estuvo en la Corte por una excepción de inconstitucionalidad que presentó la defensa, con respecto a la declaración jurada falsa. Organizaciones ciudadanas siguen con atención el proceso.
En conversación con El Observador, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas, dijo que la Contraloría pidió informes a todas las instituciones con relación a Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod. “También tuvimos en cuenta las rectificaciones, las cuales dejamos asentadas en los informes”, manifestó el alto funcionario.“El Ministerio Público es el que tiene en cuenta si las rectificaciones son válidas o no. Siempre dijimos que tenemos en cuenta las rectificaciones, dejamos eso asentado en el informe sobre las rectificaciones y es el Ministerio Publico el que tiene que decir si es válido o no”, refirió Torres, contradiciendo así a la fiscala Natalia Fúster, quien afirmó que se allanó al pedido de sobreseimiento definitivo de los acusados con base al dictamen de Contraloría.
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