La jueza Penal de Garantías de Luque, Yenifer Insfran dispuso que Norman Hellmers Fonseca y Paul Norman Hellmers Dos Santos afronten juicio oral y público por presunta lesión de confianza y estafa de alrededor de USD 40 millones a empresas a través de la prestación de servicios de refulado y dragado a través de licitaciones.
De acuerdo a los antecedentes, entre el 2013 y el 2020, ambos, en sus calidades de Socios-Gerentes de la Firma Signature S.R.L se hallaban construyendo Dragas para la ejecución de dragado, refulado y relleno hidráulico en varios proyectos inmobiliarios y otros que debió manejar en conjunto con las Firmas Monte Alegre, Desarrollos Terranova S.A y Terminal Occidental S.A (TOSA).
La acusación presentada por el Ministerio Público como las presentadas por las empresas querellantes, Terminal Occidental S.A. y Monte Alegre S.A. señalan la existencia del referido perjuicio patrimonial, ocasionado por los acusados a las querellantes, en el caso de Terminal Occidental S.A. como socio de Desarrollos Terranova, de la cual formaba parte Signature S.R.L. ─firma en la cual los acusados eran socios-gerentes─ y que fue ideada para concertar a través de ella, negocios de dragado y refulado.
El presunto perjuicio patrimonial se produjo en torno a la ejecución de un negocio estructurado, conformado y ejecutado parcialmente conforme a la idea inicial entre Terminal Occidental S.A. y Signature S.R.L. el cual giraba en torno a la prestación conjunta de servicios de refulado y dragado en licitaciones y subcontratación de contratistas del Estado.
Concretamente, el daño fue a consecuencia del desplazamiento de la firma Desarrollos Terranova y Terminal Occidental S.A. del negocio mediante engaños y maniobras de los acusados, para evitar la participación de estas firmas en los negocios.
“Atenta a que en la causa se encuentran ofrecidas numerosas pruebas que deberán ser analizadas de conformidad al principio de inmediatez ante un contradictorio, esta magistratura considera que la causa deberá ser elevada a juicio oral y público, con la admisión de todas las pruebas ofrecidas de manera conjunta con el requerimiento conclusivo tanto por el Ministerio Público como por la querella adhesiva”, concluyó la magistrada.
