El equipo de fiscales que tuvo a su cargo la investigación apeló la absolución de Patricia Ferreira, representante legal de la firma Imedic; Carlos Gamarra, despachante; Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, funcionarios de Aduanas, en el caso de introducción ilegal al país de 50 camas hospitalarias eléctricas en la pandemia del covid. Se alega que los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza aplicaron en forma errónea el derecho. También se apeló la condena de tres años de cárcel para Justo Ferreira por contrabando. Los fiscales insisten que integró una asociación criminal y produjo documentos no auténticos. Piden anular fallo.
“La resolución del Tribunal colegiado causa un perjuicio jurídico, debido a que en el desarrollo del juicio oral se han producido elementos de prueba que sustentan la tipicidad de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal y colaboración y complicidad de los funcionarios públicos o despachantes de Aduanas y la participación de los encausados y por haberse interpretado incorrectamente preceptos normativos a los hechos constatados, se ha dado la absolución”, señalaron los fiscales en el escrito donde piden un nuevo juicio oral y público.
“Se afirma que existe errónea interpretación, lo que deriva en una sentencia que no tiene sustento jurídico y eso significa el agravio invocado y legitima activamente para fundar el recurso”, apuntaron los fiscales del caso.
