La Fiscal Carolina Martínez solicitó la revocatoria del arresto domiciliario y en consecuencia la aplicación de la prisión preventiva para un hombre imputado por abuso sexual en niños.
Esto obedece principalmente porque el indiciado cuenta con antecedentes por este hecho punible, del que también resultó víctima una menor de edad.
Fundamentó su pedido de prisión en la necesidad de proteger a la sociedad y, en especial, a las menores víctimas, debido a que el procesado violó su arresto anterior y, aprovechándose de su rol de pastor, volvió a cometer otro hecho contra una niña de 11 años.
El imputado de 71 años fue beneficiado con el arresto domiciliario por parte de la jueza Norma Salomón, que en la resolución consgina además que el control efectivo del cumplimiento de dicha medida alternativa debe estar a cargo de un funcionario del Ministerio Público.
En ese sentido la apelación ratifica que el Ministerio Público tiene como rol constitucional y legal, el ejercicio de la acción penal pública y no controlar el cumplimiento de medidas de arresto domiciliario.
El caso se originó con la denuncia de la madre de una niña de 11 años, por abuso sexual contra un pastor de 71 años, a quien la policía detuvo el pasado 18 de octubre. De acuerdo con la denuncia, el pastor aprovechó que la víctima se acercó hasta el templo de la congregación a realizar labores de limpieza, para abusar sexualmente de la ella.
El lunes 7 de agosto pasado, el ministro superintendente de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez, ordenó una “auditoría de reacción inmediata” del juzgado de Capiatá a cargo de Norma Salomón, lo cual fue ratificado por la Corte en la sesión del miércoles 9. Fue tras el escándalo que salpicó a la magistrada, luego de la detención e imputación de su esposo, el abogado Farid González, quien recibió dinero a cambio del fallo de su cónyuge, en un proceso por violencia familiar.
