21/06/2024

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Por Óscar Germán Latorre:

 

La actual convocatoria del Consejo de la Magistratura para la conformación de la terna de candidatos a Fiscal General del Estado pone en evidencia una vez más, que el sistema de nombramientos de magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos se ha constituido en un factor gravitante para el progresivo debilitamiento de la independencia del poder judicial.

Con un cuerpo colegiado integrado por un solo ministro de la Corte Suprema de Justicia y los 7 restantes que representa al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, a la de senadores, dos del gremio de abogados y dos de la Facultad De Derecho hace que la integración de cualquier terna de candidatos se encuentre influenciada por intereses políticos, personales que no pocas veces se tornan inconfesables y que se traducen en procesos de selección muy poco transparentes que hacen perder el interés de muchos abogados altamente calificados para acceder a los cargos.

La apresurada convocatoria a concurso para cubrir el cargo de Fiscal General del Estado sobreviene a 4 años de indisimulados intentos del Ejecutivo y de sus aliados en el Congreso de someter a juicio político a la fiscal general Sandra Quiñónez.

Sin pretender la menor defensa de la gestión de la actual fiscal general del Estado, resulta indudable que la guerra declarada por un sector político contra la titular del Ministerio Público ha venido debilitando a la institución, que se ha convertido en un cuerpo de fiscales y funcionarios desprovistos de los necesarios lineamientos sobre la forma de ejercer la persecución penal y de una política criminal claramente establecida.

Los constituyentes sabiamente han establecido que el mandato del fiscal general del Estado no es coincidente con el periodo presidencial, precisamente para evitar que el Presidente de la República pueda direccionar el nombramiento del titular del Ministerio Público en circunstancias de un inminente cambio de Gobierno. Pero cuando la clase política comprendió el poder real de la Fiscalía General y del Ministerio Público como órgano de persecución penal, convirtieron el proceso de designación en una negociación de cargos, privilegios y beneficios en un intento de controlar al representante de la sociedad en la lucha contra la delincuencia y la corrupción pública. De esa manera, la convocatoria a concurso fue postergada en forma sucesiva y el resultado fue la coincidencia entre el principio y el fin del periodo presidencial y del fiscal general del Estado.

La incorrecta conformación del Consejo de la Magistratura no garantiza que la terna sea integrada por los candidatos mejor calificados técnicamente, de mayor experiencia en el proceso penal y de, por lo menos, aparente integridad.

Un reglamento de plazos reducidos y decisiones para excluir candidaturas a partir de criterios que no son uniformes para todos y que mas se asemejan a simples argucias para reducir la lista de postulantes, parecen estar dirigidos a que el Consejo pretende ajustarse a la pretensión del actual presidente de la República de integrar la terna con 3 candidatos que le garanticen impunidad al concluir el mandato.

Mientras la mayoría de los paraguayos están atentos al desarrollo del campeonato mundial de Qatar, nubes negras se asoman para seguir debilitando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Como el árbol que nació torcido, jamás su tronco endereza, la reforma constitucional de sistema de nombramientos y enjuiciamientos de magistrados judiciales es una condición sine qua non para garantizar la independencia del Poder Judicial y permitir un mejor servicio de justicia.

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