El juzgado de garantías ordenó el arresto domiciliario para la mujer que fue captada en circuito cerrado ejerciendo violencia contra su hijastra. En tanto que el padre de la víctima fue beneficiado con medidas alternativas.
El juez Rolando Duarte hizo lugar a la suspensión de la ejecución preventiva para la mencionada bajo los argumentos de que no cuenta con antecedentes y es madre de otros dos menores que están bajo su cuidado.
Así también cuenta con un domicilio fijo y ha ofrecido caución real, con lo que se demuestra que tiene arraigo suficiente, por lo que se desvirtúa el peligro de fuga.
Con respecto al peligro de obstruir la investigación, el Ministerio Público ha descartado la posibilidad de acercamiento, atendiendo a que la víctima se encuentra bajo guarda de una familiar.
Además del arresto domiciliario, la mujer tiene prohibición de salir del país, prohibición de contacto con la menor afectada y caución real de un departamento valuado en USD 184.203. En caso de incumplimiento se ordenará el levantamiento de estas medidas para la aplicación de la prisión preventiva.
Con respecto al padre biológico, imputado por violación del deber de cuidado obtuvo medidas alternativas con la posibilidad de libertad ambulatoria, no obstante se le impuso la prohibición de salida del país sin la comunicación al juzgado, está obligado a no cambiar los números proporcionados al juzgado, fianza personal de G 200.000.000 y caución real de un inmueble situado en Roque Alonso.
La defensa del mencionado ha manifestado contar con el arraigo suficiente que descarta el peligro de fuga, además de no poseer antecedentes.
En la filmación que causó conmoción en la ciudadanía se observa a la madrastra gritando a la niña, luego la estira del cabello en reiteradas ocasiones hasta que la echa al piso para luego propinarle golpes en la cara.
El Ministerio Público exhorta que a fin de evitar la revictimización, tanto la imagen y la identidad de la niña como la identidad de los padres deben ser preservados por ley, a fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo que la niña ya fue rescatada.
La publicación de datos de niños y niñas y/o de sus padres (llevando a identificar al niño o niña) que se encuentran en procesos judiciales está prohibido por las normas vigentes.
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