La Corte resolvió que las actuaciones de la jueza Norma Salomón deben ser remitidas a la Superintendencia de Justicia, con base en el resultado de la auditoría de gestión hecha al Penal de Garantías de Capiatá.
El ministro Eugenio Jiménez informó durante la auditoría, además de los hecho que la motivaron, se han estudiado 244 expedientes correspondientes a los años 2021 a 2023, para tener una visión general.
En ese sentido, resaltó que ”hay elementos interesantes” y la auditoría concluyó con la recomendación de remitir a la Superintendencia General de Justicia las actuaciones de las actuarias, de la ujier notificadora, y de Salomón, la titular del juzgado, lo que fue aprobado por el pleno de la Corte.
Esta auditoría fue dispuesta por Jiménez Rolón el 7 de agosto, tras luego de que se hiciera público que el abogado Farid González, esposo de Norma Salomón, supuestamente haya recibido G 13.800.000 por una resolución que tenía que dictar su cónyuge en un proceso por violencia familiar, por lo que fue detenido e imputado.
El caso que involucra al esposo de Salomón inició cuando una denunciante refirió que tiene una causa penal caratulada “C. G. V. s/ Violencia Familiar”, en el juzgado a cargo de la magistrada en la cual su expareja, señalado como el agresor, fue beneficiado con el arresto domiciliario.
El 7 de julio la mujer fue convocada por el abogado José De Vaca a su estudio jurídico donde el profesional le manifestó que contactó con el Abg. Farid González y que a cambio de una suma de dinero podría influenciar en la resolución sobre la medida cautelar contra su expareja, otorgándole prisión preventiva.
“Es así, que el 17 de julio de 2023, la señora denunciante tuvo una conversación telefónica con Farid, quien le dijo que debía en principio entregarle G. 20 millones y la citó al día siguiente en el Shopping 14 y medio de San Lorenzo. El 18 de julio, aproximadamente a las 9 horas, la denunciante y Farid se reunieron. Farid se identificó como abogado y esposo de la jueza Norma Salomón y le exigió que debía entregarle la suma de G. 30 millones, caso contrario su expareja sería beneficiada con una medida cautelar menos gravosa por el Tribunal de Apelación de Central, ya que su esposa, la jueza Norma Salomón ya le había otorgado medidas”, refiere la imputación a Farid.
El esposo de Salomón habría exigido G. 30 millones y si no lo hacía «su vida y su integridad física correrían peligro» y hasta le dio un plazo para pagar esta suma, el 4 de agosto.
