El juez Raúl Florentín, la semana pasada advirtió a las partes, que en caso de incomparecencia injustificada para la audiencia preliminar prevista para esta mañana en el caso “tapabocas de oro”, aplicará las sanciones establecidas en la ley. La acusación contra el extitular de la Dinac, Edgar Melgarejo y otros procesados, se presentó en abril de 2021 y dos años y siete meses después no se puede hacer la diligencia en la que se tiene que resolver si los involucrados afrontarán o no juicio oral. El magistrado, en caso de no aplicar las sanciones ante el ejercicio abusivo de la defensa, se expone hasta una suspensión por la Corte por incumplir su obligación de velar por el normal desarrollo del proceso, como refiere el artículo 113 del Código Procesal Penal. Las maniobras para trabar la preliminar sobrepasaron los límites, ante la complacencia del Poder Judicial.
El 20 de noviembre, que fue la semana pasada, ya se intentó hacer la preliminar, pero no se pudo, debido que eran las 8:45 horas, y todavía no había comenzado y para la 10:30 horas, el juez ya tenía que desocupar la sala de juicio oral ante una audiencia pública prevista. Resulta increíble, pero es verdad.
Uno de los abogados defensores había manifestado al magistrado que tenían fijado un juicio oral y le pidió reagendar la diligencia, que se fijó para esta mañana. Habrá que ver si se hace o no, ya que Florentín advirtió a las partes que serían sancionados en caso de inasistencia sin justificación. Es casi seguro, que surja cualquier otra excusa, para trabar la diligencia que es sumamente importante.
La dilación, la falta de definición en estos casos sonados, es lo que hace que la ciudadanía crea cada vez menos en el Poder Judicial. Es inadmisible que dos años y siete meses después de la acusación no se pueda hacer la preliminar.
