27/05/2024

Search

Bloqueo en “X” por senadora, “no es un acto legítimo, sino más bien arbitrario”

Compartir:

El juez Laboral, Rubén Darío López, en la resolución en la cual hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta contra la senadora Norma Aquino, Yaminal, por bloquearla en su red social “X”, resaltó que en el caso “no se ha demostrado la existencia de hechos irrespetuosos o de acoso (departe de la accionante), por lo que no puede considerarse el acto como legítimo sino más bien arbitrario”.

El magistrado apuntó que no hay dudas de que la utilización de las redes sociales se ha vuelto masiva y en la práctica ninguna persona está ajena a su influencia. “Es así que estas herramientas, en principio utilizadas con fines meramente de entretenimiento se han convertido en verdaderos motores impulsores de conductas sociales. Su impacto real dependerá de muchos factores…», acotó.

“En una cuenta en una red social adquirirá mayor relevancia si quien la utiliza ocupa un cargo público electivo, y aún más cuando el cargo es de ostensible importancia por su elevada posición dentro de la estructura del Estado, pues la sociedad como contralor de sus representantes está atenta a lo que sus líderes comuniquen”, enfatizó López.

 

PRESUPUESTOS PARA EL AMPARO

Los presupuestos para la viabilidad del amparo se hallan establecidos en el artículo 134 de la Constitución Nacional, por lo cual corresponde determinar si en el presente caso concurren o no los mismos. En dicho sentido, existe un acto concreto cual es el bloqueo a la usuaria @aleperaltamerlo por parte de la usuaria @Ab.YamyNal en la red social denominada “X”; con el acto se impide a la accionante, quien es identificada dentro de la plataforma de red social “X” con el usuario @aleperaltamerlo, acceder al contenido de lo publicado en la cuenta de la accionada, quien se identifica dentro de la citada red social con el usuario @Abg.YamyNal. Estos hechos no están en discusión.

Ahora bien, en cuanto a la legitimidad de dicho acto, preciso es advertir que no existe una ley que regule el uso de redes sociales por parte de los funcionarios públicos o de autoridades públicas en general como lo es la demandada. Sin embargo, la falta de una ley reglamentaria no puede invocarse para la negación o restricción de derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Así lo dispone el artículo 45 de la Carta Magna al señalar: “De los deberes y garantías no enunciados”. También es preciso señalar que la norma constitucional se refiere a actos ilegítimos, y no solo ilícitos, entendiéndose por los primeros como aquellos actos que o solo van en contra de normas de derecho positivo sino contra todo aquello que no se ajuste a la equidad o a la justicia. Al respecto el Dr. Enrique Sosa Elizeche en su obra “El amparo judicial” sostiene lo siguiente: “Entendemos que es ilegal todo acto que se opone al derecho positivo, mientras que es ilegítimo el acto contrario al derecho natural, a la justicia o la equidad. Comúnmente el acto ilegal es ala vez ilegítimo, pero en ciertos casos el acto, a pesar de ser legal por hallarse fundado en disposiciones normativas de derecho positivo (Constitución, ley, decreto u ordenanza) puede ser ilegítimo por no ser justo ni equitativo o ser contrario al derecho natural”.

Es por ello que el acto debe ser no solo lícito, en el sentido estricto de la palabra de no violar alguna norma positiva, sino también ilegítimo. Es decir, que no atente contra alguno de los derechos subjetivos emanados de la Constitución, más aún teniendo en cuenta el contexto del conflicto suscitado entre las partes que tiene como centro a esta nueva manera de interacción entre los seres humanos, mediante la utilización del internet y más concretamente de las redes sociales ampliamente difundidas en todos los segmentos de la sociedad, y que por ser de reciente data y popularización, como así también en razón de su constante evolución, aún no se han desarrollado normas que regular su utilización.

Ahora bien, las reglas de la convivencia social no han desaparecido con la utilización de estas redes sociales, simplemente se han aggionardo, puesto que antes para el debate de sus intereses colectivos las personas se reunían en lugares públicos, en cambio, en la actualidad estos debates se han migrado en su mayoría a la plataforma digital con una dinámica completamente diferente, propia de la misma. En ese sentido, las redes sociales facilitan en sobremanera la interacción de los miembros de un país, ciudad, barrio o cualquier otro grupo de personas acortando distancias y permitiendo el intercambio de infinidad de datos al instante. Asimismo, son una herramienta poderosa de difusión de información por lo que en muchas ocasiones igualan en su eficacia a los medios tradicionales de comunicación masiva (televisión, radio, periódico) y su impacto es tal que son utilizadas para un sinfín de propósitos ya sean personales, comerciales, políticos, religiosos, educativos, informativos, de entretenimiento, deportivos, promociones de todo tipo, apoyo a determinadas causas, organización de encuentros y eventos en general, como así también como medio de expresión de opiniones, entre las cuales se encuentran los referentes al manejo y administración de la cosa pública por parte de los gobernantes elegidos por los ciudadanos para tal fin, en el sano, republicano y necesario ejercicio ciudadano hacia la gestión de sus autoridades.

“Es evidente que una cuenta en una red social adquirirá mayor relevancia si quien la utiliza ocupa un cargo público electivo, y aún más cuando el cargo es de ostensible importancia por su elevada posición dentro de la estructura del Estado, pues la sociedad en general como contralor de sus representantes siempre está atenta a lo que sus líderes comuniquen, de todas formas, cabe señalar que no todo lo realizado por las autoridades públicas en sus redes sociales será de relevancia para la ciudadanía como parte de su derecho a informarse”, enfatizó López en el plausible fallo.

Artículos Relacionados