Los fiscales Osmar Legal y Alma Zayas, el 3 de febrero pasado, reiteraron al presidente del Banco Nacional de Fomento, BNF, Manuel Ochipintti Dala Fontana, la remisión de una lista de 26 cheques judiciales originales, que habrían sido efectivizados en forma ilegal. La diligencia es en el marco de la investigación de un desvío, hasta ahora de más de US$ 1 millón, de la Contaduría General de los Tribunales, durante la gestión de Marta Sosa Heisele. La fiscalía, entre varios hechos punibles, indaga posible lavado de dinero, razón por la cual se solicitaron los documentos originales. Si Ochipintti no envía los cheques, los fiscales de la causa podrían solicitar una autorización judicial para allanar la sede de la entidad bancaria, cuyos funcionarios habrían sido cómplices para la extracción de millonarias sumas de dinero, según fuentes.
A través de la nota N° 15 del 3 de febrero pasado, dirigida al titular del BNF, los fiscales reiteraron el pedido realizado por nota número 166/22 de fecha 22 de noviembre del año 2022, recibido por la abogada Carolina Ramírez Segovia. En el documento, el Ministerio Público pidió la remisión de 26 cheques bien detallados.
Ante la falta de respuesta, de Ochipintti, los fiscales Legal y Zayas volvieron a pedir al titular del banco los cheques judiciales, que se habrían cobrado irregularmente, según la investigación.
Los antecedentes del caso refieren que una auditoría ordenada por la Corte detectó un millonario desvío en la Contaduría General de los Tribunales, que obligó a la titular de la dependencia, Marta Sosa Heisele a presentar renuncia al apetecible cargo.
La Corte había separado del cargo a Gusta Daniel Peña (supuesto cerebro del esquema), Nilda Catalina Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera, a causa del escándalo desatado por el sonado caso,
En declaraciones, a El Observador, la fiscala Zayas había manifestado que de acuerdo a la investigación que lleva adelante con su colega legal, ya detectaron que el cobro irregular ya habría superado los US$ 1 millones y que el monto se podría elevar.
Según la auditoría, se habrían adulterado firmas de jueces, que, en la investigación interna del Poder Judicial, negaron los oficios supuestamente firmados por ellos. El hecho es muy grave.
