El Tribunal de Apelación en lo Penal, especializado en Delitos Económicos confirmó la imputación al diputado colorado Esteban Samaniego, su esposa Patricia Corvalán y otras 21 personas, que fue recurrida por dos de los procesados.
Se trata de la Providencia de fecha 11 de diciembre del 2023 (imputación) y del A.I. N° 330 de fecha 21 de diciembre de 2023 (admisión de la imputación), a través de la cual el juez Humberto Otazú tiene por recibida la imputación en la presente causa, por administración en provecho propio y asociación criminal.
La defensa de los procesados Andrés Arrúa Brítez y Andrés Isabelino Arrúa, presentó una reposición arguyendo que “la falta de citación formal de mis defendidos ante el Ministerio Público para tomarles una declaración indagatoria y comunicarles específicamente los hechos que se les atribuyen constituye una vulneración de sus derechos procesales y un perjuicio irreparable”.
La Dra. Bibiana Teresita Aldana, en su análisis como preopinante, sustenta que el Art. 84 del Código Procesal Penal explica la libertad de declarar, la oportunidad y la autoridad competente; en ningún momento condiciona la declaración indagatoria para la imputación, sino por el contrario expresa en forma textual ‘durante la investigación’ y por otro lado, la norma también es bastante clara al establecer que nada obsta a que el propio imputado se presente a declarar cuantas veces quiera. Por todo lo cual, este Tribunal no se encuentra motivos que conlleven a la nulidad de lo recurrido.
Concluye que los cuestionamientos realizados por el recurrente carecen de sustento, por lo que corresponde confirmar ambas resoluciones; voto al cual se adhirieron los demás miembros.
De acuerdo a la imputación, siendo intendente de la Municipalidad de Quyquyhó, el actual diputado Samaniego ordenó varios pagos directos a su favor, de sus familiares y terceros allegados para su beneficio. También habría favorecido indebidamente a través de adjudicaciones sistemáticas a esquemas de empresas y personas jurídicas funcionales a él.
Entre los años 2011 al 2017, como jefe comunal, aprovechó su calidad de ordenador de gastos para obtener beneficios indebidos por valor de G. 338.595.000. Lo hizo a través de pagos de fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento. Los cheques fueron efectivizados por él, Corvalán y otros familiares.
Esto expresa – en parte – la imputación respecto a los que recurrieron las resoluciones:
Andrés Alfredo Arrua Brítez, Representante Legal de la firma BH Service SRL e hijo de Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa igualmente socio y propietario de la firma. Amigo personal del intendente Esteban Samaniego. Cobró varios cheques a nombre de las firmas BH Service SRL, Estación de Servicios Saniel, Legión de Servicios SA, honorarios de Benigno Villasboa, J.A. Construcciones, y del Consejo Regional de Salud de la Municipalidad, entre otros, sin tener vinculación con el resto de las empresas citadas.
Andrés Isabelino Fulgencio Arrua, adquirió la firma BH Services SRL, socio de la firma BH Service SRL y progenitor del representante legal de la misma Andrés Alfredo Arrua Brítez. Firmó contratos con la Municipalidad de Quyquyhó durante la administración de Esteban Samaniego Álvarez, en representación de la firma de su propiedad por la provisión de servicios a favor de la comuna.
