El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Crimen Organizado confirmó por un lado la prisión preventiva del pastor José Insfrán Galeano, y por el otro confirmó para entender en la causa a la jueza Rosarito Montanía.
Tanto la revocatoria de la prisión preventiva como la recusación fueron promovidas por el abogado Daniel Lobo Corbeta, en cuanto al primer petitorio cuestiona la calificación de la conducta atribuida a su representado; no obstante, ésta, tiene como fuente la Imputación fiscal, en base a los hechos que pretende investigar y la medida privativa de libertad, resulta necesaria en los inicios de la pesquisa
La Dra Andrea Vera Aldana, seña que en el caso de autos “nos encontramos ante una resolución fundada dentro del marco legal establecido por la Juez Penal de Garantías quien conforme a las facultades que le son conferidas por lo que debe ejercer el control jurisdiccional correspondiente con respecto a la prisión de carácter excepcional.
A su turno, el Dr Arnulfo Arias remarca la alta expectativa de pena que podría imponérsele en el caso de llegar a una condena, por el concurso de hechos punibles, que en su caso, la pena máxima podría llegar a 22 años y 6 meses, situaciones que en general, hacen que la probabilidad de fuga, sea mayor. … resulta importante mencionar, que varios miembros de la supuesta estructura criminal, incluso uno de los considerados líderes Sebastián Marset, aún se encuentran prófugos por lo que podemos presumir incluso, que cuentan con protección para evitar ser sometidos a la justicia, situación que probablemente se haya .dado con el imputado José Insfrán,
El pastor estuvo prófugo de la justicia desde febrero del año 2022, y si bien el día de ayer se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público, el haber estado oculto, pese a la orden de captura nacional e internacional, demuestra su falta de voluntad de someterse al proceso que se le sigue
“De acuerdo a la calificación provisoria de la conducta delictiva de Insfrán, se le atribuye haber participado como autor, del hecho punible definido en los Arts. 42 y 44 de la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias (2); en concordancia con el art. 29 del Código Penal, que prevé para el que fuera hallado culpable, de 05 (cinco) a 15 (quince) años de pena privativa de libertad; lo que ha motivado a la Juez para denegar el pedido de la defensa, alegando el peligro de fuga, que por tal circunstancia, se halla justificado., concluye Arias con adhesión del miembro restante.
El mismo Tribunal tuvo a su cargo responder a la recusación contra la jueza Rosarito que dispuso la prisión preventiva de Insfrán, por supuesto prevaricato
Lobo manifestó en su escrito que Montanía debía apartarse e insistió que con su cliente “ no se reanudo ningún plazo procesal para mi representado, los únicos 6 meses para la etapa preparatoria, comenzaron el 16/11/23, con relación a él específicamente en autos, no hay otro plazo que el real, el que discurre entre el 16/11/23 y el 16/05/24, lo dicho es aplicar el principio de primacía de la realidad.
Los jueces concluyen en unanimidad Así las cosas, bajo la tesis propuesta por el recusante, la normativa nacional es clara al establecer que la afectación de la imparcialidad o independencia judicial es causal de recusación, sin embargo, esta herramienta recursiva solo puede ser articulada cuando se encuentra fundada en “motivos graves”. –
“Ciertamente, fuera de la liviana citación normativa que hubiera hecho de que Marciano Lobo, no se ha expuesto tan siquiera un solo motivo que justifique la causa grave que pudiera comprometer la imparcialidad e independencia judicial, por lo que es patente la falta de viabilidad de la recusación planteada, sumado a ello, los actos procesales, cualesquiera sean, no pueden servir de sustento a ninguna recusación, teniendo a su alcance los resortes procesales para ejercer sus derechos si la decisión del Juez no se ajusta a sus derechos, según sus criterios”, remarca.
