Camaristas del fuero Penal de Asunción se reunieron hoy con los ministros de la Sala Penal e integrantes del Consejo de Superintendencia para tratar el tema de los sumarios abiertos por las prescripciones decretadas y la consecuente impunidad de los involucrados en hechos punibles.
El camarista Penal José Agustín Fernández en conversación con El Observador Radio expresó que se reunieron porque «ciertamente hay preocupaciones en el seno fundamentalmente de los camaristas relacionado con sumarios administrativos en los que de alguna manera se disponen irregularidades”.
Agustín Fernández ejemplificó diciendo que “en una decisión que se haga un sumario a cargo del Consejo de Superintendencia hay alguna irregularidad, la irregularidad administrativa puede corresponder a actuarios a ujieres y eventualmente puede haber irregularidad relacionada con magistrados.”
El camarista expresó que los magistrados no pueden ser juzgados por las opiniones que emiten en los juicios. “Ese es un principio constitucional, ahí tenemos el primer problema que es lo que se planteó. De pronto somos juzgados por funcionarios administrativos que no tienen el imperio ni la competencia para decidir cuestiones jurisdiccionales”, subrayó.
Mencionó que hay casos en los que se decreta una prescripción, y dicha prescripción pudo haberse producido en cualquier ámbito, en primera instancia, segunda instancia, incluso en la Corte. “Pudo haberse debido a una chicana y resulta que por darse la prescripción se ordenó un sumario, y en ese sumario, al final ingresan todos los camaristas”, agregó.
“Es totalmente abarcante y pedimos solamente que eso de alguna forma no tenga esa decisión genérica, sino que la decisión sea más específica”, resaltó.
Especificó que cuando este tipo de cosas ocurren siempre hay una auditoría que interviene, “a partir de ahora quien intervenga o el auditor, tendrá que circunscribirse o limitarse de alguna manera, siempre que sea posible en donde se produce la supuesta falencia”, dijo.
Afirmó que esta cuestión tiene relación fundamentalmente con cuestiones administrativas y con cuestiones que de alguna manera pueden menoscabar las opiniones jurisdiccionales que pueden tener.
“Cada caso es particular, en cada caso hay que ver dónde se produce la falencia, la misma puede tener su origen en una recusación, en una acción de inconstitucionalidad o una acción de cualquier naturaleza, los cuales necesariamente producen que el juicio no transite por el camino normal”, acotó el camarista penal. Puntualizó que en cada caso se tiene que analizar con puntillosidad pero hasta ahora son sumarios genéricos.
Finalizó diciendo que la Sala Penal e integrantes del Consejo de Superintendencia acogieron favorablemente las opiniones que vertieron.
La Sala Penal ya declaró alrededor de 50 prescripciones y ordenó una auditoría. Hasta ahora no se informó el resultado de las investigaciones.
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