Un total de 97 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia están comisionados a otras instituciones, en su mayoría municipalidades y gobernaciones. Los empleados que cuentan con este beneficio son casi todos apadrinados por políticos de diferentes partidos, que abogan por ellos para llevarlos a las instituciones que están a su cargo, o donde están intendentes y gobernadores que responden a sus intereses. Igualmente hay “traslados” temporales a las Cámaras del Congreso y varios ministerios del Poder Ejecutivo. Esta es una vieja práctica que los “nuevos” ministros prometieron desechar. Sin embargo, lamentablemente continúa hasta hoy, ya que la lista se actualizó en enero pasado, según la página de transparencia del alto tribunal. Los comisionamientos, en un alto porcentaje, sirven para fomentar el “planillerismo”, salvo honrosas excepciones.
La práctica de las comisiones de los funcionarios a otras instituciones debe erradicarse. Los empleados del Estado tienen que cumplir funcionarios en las instituciones en las cuales fueron nombrados para prestar servicio a la ciudadanía. El argumento de que va a ser más útil en municipalidades, gobernaciones, etc. no lo cree nadie.
La Corte tiene comisionado funcionario hasta en la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial, además del Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Asunción, Ministerio Público, Cámara de Senadores, Itaipú, Defensa Pública, Jurado de Enjuiciamiento, Secretaría de Repatriados, Municipalidad de Fernando de la Mora, Secretaría Nacional de Cultura, Dirección de Vigilancia Sanitaria, Banco Nacional de Fomento, Municipalidad de Lambaré (varios funcionarios), Tribunal Superior de Justicia Electoral, Municipalidad de Luque, Ministerio de Justicia, Instituto de Previsión Social, Gobernación de Caaguazú, Procuraduría, Junta Municipal de Asunción, Faculta de Derecho, Consejo de la Magistratura, Contraloría, ESSAP, Ministerio de Salud, entre otros.
