El juez José Delmás resolvió no hacer lugar a la solicitud de viaje al extranjero de Mercedes María Bogarín de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra, cuñada y hermano, respectivamente, de Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor del exgobernador del departamento Central, también más conocido como el “maletinero”, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Ambas personas solicitaron autorización para viajar al exterior, específicamente a Madrid, España, a fin de que Bogarín de Robles se someta a estudios médicos para descartar condiciones de salud hereditarias.
Con respecto a dicho planteamiento el Ministerio Público, representado por el fiscal Leonardi Guerrero expresa a favor de mantener las medidas alternativas, consignadas en relación a Mercedes María Bogarin de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra.
Procediendo al análisis del presente pedido de autorización de salida del país, a prima facie desea hacer notar que de las constancias de autos no se observan constancias suficientes del estudio a ser realizado por la señora Mercedes Bogarín de Robles, en la ciudad de Madrid, como así también boletos de vuelos aéreos, o reservación de hoteles a fin de determinar el lugar de residencia donde estarán habitando el periodo solicitado; es decir, el presente pedido se realiza sin agregar documentaciones que acrediten suficientemente lo manifestado por la defensa.
A más de ello debemos resaltar que el Ministerio Público, quien es el ente investigador ha dejado en claro que a la fecha no suscitaron nuevas circunstancias a fin de proceder a la modificación, de las medidas impuestas a los procesados, por lo que al Criterio sano de este Juzgador, se considera no hacer lugar a lo solicitado por el abogado Albino Mernes.
Los mismos fueron imputados el pasado 26 de septiembre por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma, por lesión de confianza en carácter de cómplices.
Según datos, los procesados residen en Concepción y su actividad comercial también figura en dicha ciudad del departamento de Concepción. El presunto daño patrimonial causado por ambos imputados sería de G. 322 millones, presumiblemente.
