La jueza Cynthia Lovera otorgó libertad ambulatoria al exministro Dany Durand , María Patricia Espínola Durand y Luz Marina González de Durand, imputados en la causa N° 1465/2.020, por estafa y asociación criminal, durante su gestión como responsables de la empresa Mocipar.
La disposición tiene relación con la causa llevada adelante por la fiscal Fátima Capurro, sobre un esquema de ofrecimiento de bienes a precios accesibles, lo que a su vez permitía a los imputados obtener sumas de dinero en forma mensual, de personas, que luego de haber pagado durante años una cuota y de haber cumplido con creces los círculos establecidos, no habrían recibido nada a cambio como contraprestación por las sumas de dinero que habían abonado.
La representante del Ministerio Público solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva para los mencionados. La defensa del exministro puso a consideración del juzgado una caución real de inmueble con tasación aproximada de G 4.500 millones.
Lovera fundamentó su resolución de elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible considerado grave, sobre la participación del imputado en el hecho investigado y sobre la existencia del peligro de fuga, que habilitan la aplicación de la Prisión Preventiva en contra
“Sin embargo, al existir un requerimiento de aplicación de medidas menos gravosas para la libertad peticionado por la mismo titular de la acción penal y encargado directo de la investigación, que considera que el peligro de fuga existente puede ser evitado con medidas alternativas a la Prisión Preventiva, corresponde dar curso positivo al pedido de Suspensión de la Ejecución de la Prisión Preventiva a favor del imputado”.
Según la resolución, tanto Dany Durand como Luz Marína González de Durand deberán presentar caución real por G 400 millones en un plazo de 20 días hábiles, además de las prohibiciones de salida del país sin autorización, prohibición de cambio de domicilio y comparecencia.
En tanto que a María Patricia Espínola Durand, se impuso una caución real de G 200 millones en el mismo plazo de 20 días para la presentación correspondiente.
La investigación fiscal refiere que las estas estructuras contractuales, presuntamente ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales supuestamente indebidos, resultantes de los aportes en cuotas de sus clientes, tendrán un valor aproximada de G 880.127.500 (ochocientos ochenta millones ciento veintisiete mil quinientos guaraníes)”.-
