El juez Raúl Florentín elevó a juicio oral y público la causa conocida como Tapabocas de Oro, en donde están procesados por lesión de confianza y otros hechos, el extitular de la Dinac Edgar Melgarejo y otras personas.
Este ha sido el resultado de la audiencia preliminar concluida este miércoles con el consecuente avance hacia la siguiente etapa procesal donde las partes expondrán sus argumentos ante el Tribunal de Sentencia a ser sorteado próximamente.
El caso de sobrefacturación en la adquisición de mascarillas para el personal médico, cobró notoriedad al comprobarse indicios de corrupción pública en una etapa sensible como ha sido la pandemia de covid-19.
En su su fundamentación, el magistrado expone en un primer término que no puede hablarse de indefensión, ni vulneración de reglas de congruencia en el marco del presente proceso, en respuesta a uno de los incidentes planteados por las respectivas defensas.
“Para esta magistratura no existe violación del principio de congruencia, tiene que conducir aquello que se indagó. que se investigó y de aquello que se acusó, cuando existen variaciones que no modifican lo sustancial, la Sala Penal ha determinado que no existe violación en el derecho a la defensa ni al principio de congruencia, establecido en el Artículo 400 del Código Procesal Penal.”
“Tampoco es relevante que el Ministerio Público haya utilizado una teoría económica o una teoría personal del patrimonio para la determinación de la cuantía del año, desde el inicio en la hipótesis inicial del Ministerio Público siempre se hizo referencia a la suma de 119.960.000”
A su vez, basándose en la postura del órgano acusador, se comprobó que los tapabocas no coincidían con las especificaciones del pliego de bases y condiciones.
En ese sentido el fiscal Silvio Corbeta quien ejerce la representación del Ministerio Público con la fiscal Irma Llano, expresó su conformidad con respecto a lo resuelto por el magistrado, a pesar de que algunas pruebas fueron excluidas, están en condiciones de sostener la imputación y la acusación ante el Tribunal de Sentencia.
Seguidamente, el abogado Álvaro Arias, quien representa al acusado Marcelo Ovelar González, cuestionó que el magistrado haya optado por una decisión “fácil y hasta populista”, ya que asegura que un juicio por perjuicio patrimonial no puede prosperar habiendo existido reparación del daño.