Tres acusados por formar parte del esquema de lavado de dinero del Clan García Morínigo, fueron beneficiados con medidas menos gravosas a la prisión preventiva, en algunos casos por cuestiones humanitarias.
Se trata de la causa caratulada Julio César Duarte Servián y Robson Lourival Alcaraz Ajala S/ Tráfico Internacional de Drogas, Asociación Criminal y Lavado.
Noelia Giménez, pareja de Julio César Duarte, argumentó el pedido de revisión de medida cautelar, que tiene hijos menores, de las cuales una de ellas padece de epilepsia focal y la ausencia de la madre en el hogar empeoró su cuadro, por lo que solicitan el arresto domiciliario.
Teniendo en cuenta la protección de los derechos del niño, se dispuso el arresto domiciliario para la imputada, ofreciendo como caución real un inmueble ubicado en PJC valuado en G. 1.597.370.000
Con base en los antecedentes médicos de la niña, además del certificado de vida y residencia que refleja que las niñas acuden a la escuela, el juez sostiene que no hay peligro de fuga por parte de la imputada, debido al suficiente arraigo acreditado, por lo que le concedieron el arresto domiciliario.
Juan Darío Echagüe, el segundo acusado más importante en esta causa, solicitó la revisión de medidas teniendo en cuenta su estado de salud y condiciones físicas limitantes. En diciembre fue beneficiado con el arresto domiciliario y en marzo la libertad ambulatoria.
Le fue amputada la pierna derecha, a consecuencia de la diabetes tipo II que padece, que también tiene sus consecuencias. “Depende totalmente del cuidado de otras personas para realizar sus necesidades básicas (necesidades fisiológicas, aseo personal, etc.) por lo cual se recomienda que esté en un lugar más adecuado de preferencia bajo el cuidado de sus familiares”, refiere el informe médico.
Luis Alberto Benítez Escobar, acusado por Lavado de dinero, ofreció como fianza un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero, valuado en G 750.000.000, además de justificar el suficiente arraigo para acceder al arresto domiciliario.
Estas personas están acusadas de colaborar con el clan García Morínigo, creando empresas de maletín para lavar dinero proveniente del narcotráfico, simulando operaciones legales para inyectar al sistema financiero local.
