Durante una reunión entre representantes del Colegio de Abogados del Paraguay, con el equipo jurídico que representa a la familia del fiscal asesinado en territorio colombiano, se enfatizó la necesidad de acudir a los mecanismos disponibles para evitar que la familia participe de las audiencias por medios telemáticos y evitar la presencialidad en el país donde se produjo el hecho.
En el comunicado oficial se expresa que La hermana República de Colombia, pretendiendo exigir la comparecencia personal de las partes a las audiencias orales y públicas a ser sustanciadas en aquel país y que involucran a personas acusadas de ser autores y partícipes del alevoso asesinato del agente fiscal paraguayo Marcelo Pechia Albertini en la playa de Barú, Cartagena, el 10 de mayo del 2022, cuyos antecedentes, develados parcialmente por la justicia colombiana que permitieron condenas a autores directos, mediatos y cooperadores, evidencian de una manera notoria el involucramiento directo de esquemas propios del crimen organizado y transnacional.
Con preocupación y solidarizándonos con los reclamos de los integrantes de la familia del agente fiscal Marcelo Pecci y del colega abogado colombiano que representa a las víctimas Francisco Bernate, quienes de manera racional y lógica han planteado evitar la presencialidad en aquel país sin perjuicio del ejercicio de los derechos legales y procesales que le competen como víctimas y representantes de estas, estimamos que resulta legal, legítimo y comprensible la petición de la familia del agente fiscal y de su abogado y ascribimos a la solicitud motivada expuesta por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia ante la Relatoría Especial de la Comisión de Derecho Humano de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que los mismos presenten por las vías correspondientes los requerimientos que de manera efectiva y verificable resguarden la vida e integridad física de los agentes fiscales intervinientes en los procesos pendientes como de los abogados integrantes del equipo jurídico que representan los intereses de la familia Pecci, quienes solos pretenden que a través de medios civilizados se determine con claridad las responsabilidades de todos aquellos sujetos, instigadores, autores y demás participantes del hecho de extrema violencia que afectó al agente fiscal Pecci Albertini, cuyo resultado irreparablemente agraviante conculca decididamente principios fundamentales del derecho contemplados como base esencial e irrenunciable para una convivencia pacífica.
No podemos dejar de expresar nuestra alarma ante la exigencia de presencialidad de las partes quienes pretenden justicia para quien ya no puede defenderse como consecuencia del alevoso crimen.
La virtualidad iniciada en el caso paraguayo durante la pandemia para la sustanciación de procesos judiciales ha sido una herramienta tecnológica idónea y fundamental para que los servicios de justicia sean eficientes y eficaces sin que esto suponga de manera alguna una afectación a principios procesales inherentes a un sistema acusatorio como los de oralidad e inmediación y creemos que la República de Colombia y sus órganos jurisdiccionales han demostrado mediante este método tecnológico ser un ejemplo y guía para tantas naciones latinoamericanas en materia de sustanciación de procesos, circunstancias objetivadas en actuaciones de esta misma causa y que llevaron incluso como resultado condenas a quienes han tenido participación en el abominable hecho.
Bregamos desde el Colegio de Abogados del Paraguay una resolución justa, sensata y oportuna por parte del Supremo Tribunal de la República de Colombia garantizando la preservación, indemnidad y seguridad de las víctimas y de sus representantes en el marco del proceso judicial a ser debatido manteniendo las reglas procesales de la virtualidad, circunstancia que no afecta ni atenta contra el derecho de las partes y que en cierto modo permitiría tutelar el caso particular que atañe a uno de los más destacados agentes fiscales de la República del Paraguay, pues este pagó por su decidido aferramiento a principios convicciones e integridad de una forma irremisible de afectación al bien jurídico más protegido por cualquier legislación civilizada, es decir, con su vida.
Como así también aconteció en otros casos que si bien desconocidos en detalle por este gremio cuentan con la misma combinación trágica del asesinato, amenazas y zozobra que afecta a colegas dentro del territorio colombiano y fuera de él y que persiguen nada menos que el esclarecimiento de tan viles episodios que enlutan a nuestras naciones y ponen en riesgo la plena vigencia del Estado al derecho, puntualiza el pronunciamiento
