De acuerdo a las investigaciones Herrera lideró una red criminal que entregaba recursos a entes privados que terminaron siendo los únicos oferentes en procesos licitatorios en siete departamentos. Deberá pagar una pena de ocho años y 10 meses de prisión.
El alto tribunal colombiano emitió este fallo condenatorio contra el antiguo congresista por los delitos tráfico de influencias, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de servidor público. Anteriormente, este ya había aceptado su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada el 28 de septiembre de 2022. También tendrá que pagar una multa equivalente a 5000 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura.
El ‘zar de las libranzas’, como también es conocido Roberto José Herrera Díaz, también fue condenado a pagar una multa de 2.173 salarios mínimos legales mensuales vigentes y $5.281.756.346 a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
El político que aceptó su responsabilidad ante la Corte Suprema y que se acogió a sentencia anticipada, también deberá pagar a favor de los municipios de Salamina, El Piñón, Pivijay, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, la suma de $9.471.448.920 por daños y perjuicios que ocasionó.
«El exrepresentante fue condenado en primera instancia por dirigir una organización criminal y concertarse con contratistas de esos municipios, a partir del primer semestre de 2012 y hasta el segundo semestre de 2016, con el fin de obtener, por medio de su gestión indebida, recursos provenientes de entidades descentralizadas para financiar obras públicas locales, realizadas a través de convenios interadministrativos», dice el fallo del Alto Tribunal.
Dichos recursos fueron gestionados en entidades como el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, el Fondo Financiero de Desarrollo, Fonade, Coldeportes y el Ministerio de Vivienda.
La Corte Suprema señala también que los contratistas retribuyeron al exrepresentante a través de tres modalidades: entregándole dinero en efectivo, comprando bienes y servicios a su favor, o cubriendo sus deudas.
La Sala de Primera Instancia compulsó copias para que se investigue la presunta comisión de delitos por parte de los contratistas involucrados en este caso y de los servidores públicos de las alcaldías que participaron en los procesos contractuales.
Fuente: Infobae y Agencia API.
