Un equipo multidisciplinario recorrió las cárceles de Tacumbú, igualmente la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), y la Granja Penitenciaria Ko’e Pyahu, en cumplimiento al Artículo 23° de la Acordada N° 222/01 que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal y la Ley N° 5.162/14, Código de Ejecución Penal.
La misma estuvo encabezada por la jueza Penal de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, abogada Myriam del Carmen Villamayor, acompañada por los funcionarios especializados de la Dirección de Derechos Humanos; abogado Daniel Llanes, licenciado Ramón Servín y la abogada Paola Ortiz. Así también participó de la diligencia, la coordinadora general de Justicia Penitenciaria, doctora Lilian Luraschi.
En dicho marco se realizaron entrevistas con internos que quedaron en Tacumbú, luego del Operativo Veneratio, como también con aquellos que guardan reclusión en las penitenciarías antes citadas.
La iniciativa responde a lo establecido en las «100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad», ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Acordada Nº 633/10.
Estas reglas, concebidas para abordar el acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad, resaltan la importancia de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos de la justicia penal.
Las diligencias no solo responden a normativas legales, sino que también contribuyen significativamente a asegurar el cumplimiento adecuado de los reglamentos establecidos para el tratamiento y respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.