Esta mañana el juicio oral y público a los exministros de la Senad, Luis Rojas y Francisco de Vargas, y otros acusados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando, con la presentación de varios incidentes.
El Tribunal de Sentencia, presidido por Cándida Fleitas e integrado por Darío Báez y Sonia Villalba, hizo lugar al incidente planteado por Mario Elizeche, abogado defensor del exministro Luis Rojas, sobre a la inclusión probatoria de un vehículo Toyota, equipos instalados en los vehículos, maletines con diversos equipos.
La defensa Jessica Reyes, el abogado Alberto Velázquez, planteó el incidente de la prescripción de la sanción penal por el doble del plazo. Dice que la acusación es de fecha, 22 de octubre de 2012; así mismo el incidente de nulidad de la acusación y el auto de Apertura del juicio oral, por falta de declaración indagatoria.
Al respecto, el fiscal Luis Piñanez aseguró que se han cumplido con todas las formalidades, por lo que solicitó rechazar los incidentes de prescripción y nulidad, lo que finalmente fue tenido en cuenta por el Tribunal, que resolvió rechazarlos.
El juicio oral y público proseguirá el jueves 27 a las 10:30 horas.
ANTECEDENTES
Por esta causa, además de De Vargas y Rojas, también están acusados Silvio Amarilla, exdirector de Inteligencia; Jessica Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa y Antonio Salvador Pereira Fretes, administrador de la Senad.
Además Nicasio Bóbeda, propietario de Televox SRL; su hijo Alfredo Javier Bóbeda Mongelós; Hugo Danilo González, coordinador del Departamento de la UOC; y Javier Benítez, exdirector del Departamento de Administración de la Secretaría Antidrogas.
Finalmente Silvia Jara Acha, contadora de la firma mencionada, y Alberto Daniel Ferreira Marti, exencargado de la Unidad Operativa de la Senad.
La Fiscalía acusó a estas personas por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, causa que investiga la supuesta compra de equipos de escuchas telefónicas para la Senad, que resultaron ser inservibles, por un valor de US$ 2.500.000.
Según la acusación, la Senad adquirió equipos de espionaje telefónico que eran inservibles, entre los años 2012 y 2015, cuando De Vargas y Rojas, ejercieron la titularidad de la institución respectivamente.
