El juez Gustavo Amarilla levantó el estado de rebeldía y otorgó libertad ambulatoria a Valeriana Rolón, imputada en 2016 por lesión de confianza y otros. Es investigada como presunta planillera de la ANNP y permaneció prófuga desde el año 2017.
Rolón forma parte de más de 200 funcionarios imputados por lesión de confianza, causa que tiene su origen en el año 2016, y quien presumiblemente percibió salario con fondos públicos sin una contraprestación a favor de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, en ese entonces a cargo de Fernando Nicora (+)
La mujer compareció con su abogada Martha Manzoni, quien planteó el levantamiento de la rebeldía, ordenada por A.I N° 78 de fecha 09 de febrero de 2017, “mi defendida cuenta con domicilio fijo dentro del territorio de la República, además la misma no posee ningún tipo de antecedente penal ni judicial por otro hecho similar , ningún delito o crimen”
En lo que refiere a la fundamentación toma en cuenta los elementos de Ahora bien, analizando el peligro de fuga y obstrucción a la investigación, “tenemos que el tipo penal atribuido se subsume dentro de lo previsto en el art. 313 del C.P., cuyo marco penal no supera los cinco años de pena privativa de libertad y por ende lo torna en delito conforme a la clasificación de hechos punibles previsto en el art. 13 del C.P., por otra parte, también se halla acreditada de que la imputada cuenta con un domicilio fijo dentro del territorio de la Republica, no cuenta con otros procesos penales, según la planilla de antecedentes judiciales, por lo que cuenta con suficiente arraigo dentro del país. ”
“Por lo que corresponde hacer lugar al levantamiento del estado de rebeldía y consecuentemente la aplicación de medidas alternativas previstas en el art. 245 del C.P.P., por lo que es más que clara, la inexistencia del peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, correspondiendo en consecuencia a favor de la procesada, todo ello bajo su propia caución juratoria.
Luego de la comparecencia se resuelve además la reanudación de los plazos procesales y el requerimiento conclusivo del Ministerio Publico está marcado para el 31 de diciembre de 2023.
De esta manera se establecen las siguientes medidas
1) Mantener el mismo domicilio denunciado en autos, debiendo comunicar al Juzgado cualquier cambio del mismo, 2) la obligación de comparecer en el plazo de 48 horas ante la Unidad Penal N° 6 Especializada de Delitos Económicos, . 3) Comparecencia mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes ante la Secretaria del Juzgado Penal de Garantías de Garantías N° 8 de Asunción, a firmar el libro de comparecencia. 4) caución juratoria .-