Marcos Antonio Florentín Vera, Nelson Ariel Candia Ortega y Julio César Mendoza Aguilar, exempleados de Toyotoshi S.A., fueron condenados a tres y dos años de prisión, respectivamente, por los delitos de estafa mediante sistemas informáticos y acceso indebido a sistemas informáticos.
En diciembre de 2022, un Tribunal ya había establecido su responsabilidad penal, probando que manipularon el sistema interno de la empresa para desviar repuestos y causar un millonario perjuicio.
El caso se remonta al periodo entre 2016 y 2017, cuando la empresa descubrió un esquema sistemático de fraude tras el hallazgo de repuestos en un depósito donde no debían estar. La auditoría interna que siguió permitió desenmascarar un complejo mecanismo de manipulación de los registros del sistema informático interno (Teros), utilizado para la gestión de reparaciones y control de inventario.
Según quedó probado en el juicio, Marcos Florentín, quien se desempeñaba como asesor de servicios y tenía acceso al sistema Teros, creaba órdenes de reparación falsas. Estas órdenes estaban asociadas a vehículos que nunca ingresaron físicamente al taller, pero que aparecían vinculados a clientes importantes como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). La maniobra también incluyó a clientes particulares.
Nelson Candia, desde su rol administrativo, tenía la capacidad de cancelar las órdenes antes de que se facturaran, lo que impedía que quedaran rastros visibles de los repuestos retirados. Además, manipulaba los tiempos de trabajo registrados, disminuyendo artificialmente las horas de reparación para reducir los costos reflejados en el sistema.
Por su parte, Julio Mendoza, encargado del depósito, firmaba las autorizaciones necesarias para que los repuestos fueran retirados sin cumplir con los protocolos internos de la empresa. Esto permitió la salida irregular de piezas de alto valor que jamás fueron devueltas al inventario ni cobradas a los clientes.
La auditoría reveló que estos actos habían causado un perjuicio económico de 1.035.928.727 guaraníes a Toyotoshi S.A. Este monto se dividió entre los tres acusados según su nivel de participación: 390 millones para Florentín, 409 millones para Candia y 236 millones para Mendoza.
El esquema, que operó durante meses, utilizaba accesos y usuarios asignados a otros empleados, como fue el caso de una cuenta vinculada a un exmecánico que ya no trabajaba en el taller. Estas irregularidades quedaron expuestas en el juicio gracias a pruebas documentales, testimonios y pericias técnicas que demostraron la manipulación dolosa de los sistemas de la empresa.
El Tribunal de Sentencia resaltó que el caso no trató sobre errores de procedimiento, sino de un plan intencional y sistemático para defraudar a la compañía. El fallo dejó en claro que el uso del sistema informático de manera irregular constituyó no solo un abuso de confianza, sino también un acceso indebido a datos y recursos, lo que resultó en un perjuicio patrimonial millonario. La decisión del tribunal, respaldada por pruebas contundentes, subraya la importancia de la integridad en el manejo de herramientas tecnológicas dentro de las empresas, así como la necesidad de controles internos rigurosos para prevenir fraudes de esta naturaleza.
