El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, ratificó la medida de prisión preventiva sobre Adelio Fretes García, imputado por tráfico internacional de drogas.
Para el Ministerio Público la revocatoria de prisión preventiva planteada por la defensa, deviene notoriamente improcedente, por lo que solicitó el rechazo a la Cámara compuesta por los magistrados Arnaldo Fleitas, María Belén Agüero y Bibiana Teresita Benítez.
Fleitas explica no se dan los presupuestos de la normativa aludida para la procedencia de lo solicitado por el Abg. Nelson López, en efecto, los testimonios brindados ante la sede del Ministerio Público no pueden ser considerados como nuevos elementos de juicio que modifiquen los motivos que fundaron el dictamiento del auto de prisión, pues, estos deberán ser examinados con los demás medios probatorios en la sustanciación del juicio oral, ya que guardan relación con el fondo del caso.
El recurrente ataca el acta de imputación presentado por el Ministerio Público, señalando que el mismo carece de la descripción de una conducta penalmente relevante, “sin embargo, debemos mencionar que el mecanismo idóneo para la corrección de cualquier vicio que pudiera afectar al acta de imputación ciertamente no es el utilizado por la defensa técnica. – incidente de revocación de la prisión preventiva.”
Señala de igual manera que la finalidad de la medida cautelar es evitar la frustración del proceso, impidiendo la fuga del imputado, es decir, asegurar el éxito de la investigación y lograr un proceso penal efectivo. “En ese sentido, el periculum in mora viene representado por el peligro de fuga, evasión del imputado del proceso, que, consecuentemente, haría también imposible en su momento la eventual ejecución de la presumible sanción a imponer.”
“En consecuencia, mi consideración es que la resolución impugnada dictada por la A quo se ajusta a derecho, por lo que la misma debe ser confirmada en todas sus partes”, concluye Fleitas con adhesión de sus pares.
Antecedentes
El 7 de diciembre del 2022, el fiscal antidrogas Osmar Segovia imputó a Víctor Ramón Sanabria Oporto, Adelio Fretes García y Cándido Javier Fretes, como principales sospechosos del envío de más de 600 kilos de cocaína a un puerto de Montevideo, Uruguay, por tráfico internacional, tenencia sin autorización, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes.
Según la imputación, los imputados camuflaron la droga dentro un contenedor cargado con carne vacuna congelada, exportado por la empresa «Beef Paraguay», que debía ser transportado hasta el puerto de Amberes, Bélgica y finalmente a Rusia.
