La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió por 13 votos a favor y ocho en contra la denuncia constitucional que la fiscal Patricia Benavides, presentó el 11 de octubre para suspender de sus funciones al presidente, Pedro Castillo.
La denuncia constitucional es por supuestamente liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero.
«Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (…) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria», acordó el grupo parlamentario.
La denuncia ha entrado en una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final, si este procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde para prosperar requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.
A favor de aceptar a trámite la denuncia por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, votaron trece congresistas, ocho lo hicieron en contra y no hubo abstenciones.
Solo apoyaron a Pedro Castillo sus aliados en el Congreso: Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Juntos por el Perú, mientras que votaron a favor de que la denuncia avance su recorrido miembros de partidos como Fuerza Popular, el centrista Acción Popular, los ultraconservadores de Renovación Popular o los centro derechistas de Avanza País.
Para Pedro Castillo, la denuncia forja el inicio de una «nueva modalidad de golpe de Estado» y el Ejecutivo peruano defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Pero, en el otro lado, está el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que defiende la fiscal Benavides. Ella es la primera fiscal de la Nación de Perú que presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones.
La denuncia admitida a trámite también incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes, según la hipótesis de la Fiscalía, serían parte de una presunta organización criminal liderada por el mandatario. Silva, quien es investigado y tiene una orden de detención en su contra, está prófugo. Mientras que Alvarado, también investigado, ha asistido a las citaciones fiscales y ha negado las acusaciones en su contra.
Con esta aprobación a trámite, la denuncia ha avanzado en un extenso periplo que incluye varias etapas en la cámara peruana y que, según los expertos, podría demorar unos tres meses entre idas y venidas en la subcomisión y la Comisión Permanente hasta llegar al pleno, en caso de proceder.
El recorrido legal no acabará en esta instancia, ya que si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
Fuente: EFE, CNN y El Comercio.
