El Consejo de la Magistratura alega “confidencialidad” para no dar el nombre del postulante que presentó un título de maestría presuntamente falso, con el objetivo de obtener más puntos y ser ternado para un cargo en el Poder Judicial. El Observador solicitó la denuncia que dio origen a la investigación del CM, que ante los indicios de hechos punibles remitió el caso al Ministerio Público. El Consejo entregó la denuncia, pero tapó el nombre del concursante que supuestamente habría cometido delito. La institución no tiene forma de controlar si los documentos que los concursantes agregan son o no auténticos. La situación es grave y se debería buscar los mecanismos para una mejor inspección de los papeles.
La abogada Angelina Caniza, encargada de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción y Lisa Brítez, enviaron un memorándum al abogado César Verdúm, director de Asesoría Jurídica, el 15 de noviembre pasado, con relación a la solicitud de El Observador, para tener acceso al dictamen por el cual se descalificó a postulantes y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
El Consejo de la Magistratura entregó el dictamen, el cual señala que se recibieron dos denuncias sobre la supuesta presentación de títulos de postgrados falsos.
En la primera denuncia se hizo referencia a la similitud de dos certificados de estudios de especialización que corresponden a dos postulantes.
En otra denuncia, se hace referencia a la similitud de dos certificados de maestrías, en donde se lo nombra nuevamente a un postulante y a otra, no referenciada en la denuncia anterior.
A raíz de la primera denuncia, se procedió a verificar los certificados de estudios referenciados en la denuncia y se pudo cotejar que ambos son de la misma universidad, expedidos en la misma fecha, con idénticas calificaciones, números de actas, y hasta con la misma firma de la escribana que autenticó dicho documento, las copias solo difieren en los nombres de los citados postulantes.
La Asesoría Jurídica recomendó que se presenten los originales de los títulos de maestría en derecho penal de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo y la especialización en derecho penal de la misma universidad y cualquier otro documento que pueda acreditar realización de los cursos mencionados, en la Secretaría General del Consejo de la Magistratura, en el plazo de un día hábil de notificada la resolución. 2) En caso de comprobarse la veracidad de lo denunciado, remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Ante la solicitud, solo uno de los postulantes dio cumplimiento a lo solicitado y agregó la resolución del Ministerio de Educación por la cual se resolvió registrar el título de especialidad de la Universidad Técnica y la resolución por la cual se resolvió registrar el título de la misma universidad y del postulante.
Se presentó el otro postulante, que adjuntó una constancia original expedido por la Universidad Técnica, firmada por la Coordinadora Académica, en donde se hace constar que el postulante aprobó todas las materias que corresponden a la especialización en derecho penal, y que el título se encuentra en gestión.
Con base a todo esto, la dirección jurídica concluyó que existen serios indicios que los certificados presentados por uno de los postulantes, son copias de los originales presentados por otros dos.
“Estos indicios, de corroborarse pueden configurar un hecho punible, a determinar”, apunto Jurídica.
A raíz de ello, el Consejo envió los antecedentes a la Fiscalía y el caso es investigado por la fiscal Teresa Sosa.
Pedido de denuncia
Para tener el nombre del postulante que habría cometido el fraude, El Observador solicitó al Consejo una copia de la denuncia formulada ante el órgano extrapoder. El Consejo entregó la copia de la denuncia, pero tapó el nombre de la persona involucrada alegando confidencialidad.
Principio de inocencia
En la nota de respuesta al pedido de información pública, el Consejo de la Magistratura refirió: “A los efectos de preservar el principio constitucional de la presunción de inocencia, como así también la identidad del denunciante, se han omitido ciertos datos en el documento”. Agregó que de esta forma se da cumplimiento a las normativas de Acceso a Información Pública y al ejercicio del derecho ciudadano de estar informado de la gestión del Consejo.
