Hoy se da continuidad a la audiencia preliminar del caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá, considerada la mayor trama de corrupción en la historia del país, con 83 imputados, entre ellos, dos expresidentes de la República, luego de haber sido suspendida el pasado mes de julio.
En la comparecencia que tiene lugar en el Palacio de Justicia Gil Ponce, el Ministerio Público panameño informó que solicitará el llamamiento a juicio para 49 personas, de ellas 46 naturales y una jurídica, la empresa Ricamar, por el delito de blanqueo de capitales.
Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y (2014-2019), que no estuvieron presentes, y más de media docena de altos exfuncionarios.
También deberán comparecer dos personas naturales acusadas de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
En este caso se ha dictado sobreseimiento provisional para 21 personas y sobreseimiento definitivo para ocho, según indicó la fiscal Ruth Morcillo.
La víspera, en la primera jornada del proceso considerado el de mayor connotación en la lucha contra la corrupción, leyeron apenas 80 de 828 páginas sobre cómo la constructora brasileña, a través de una división de operaciones estructuradas, realizaba los pagos de coimas a funcionarios panameños.
De esa manera Odebrecht obtenía contratos de importantes obras públicas en el país canalero.
Recordaron además que la investigación de la Fiscalía Séptima Anticorrupción por posibles delitos contra la administración surgió a raíz de una denuncia interpuesta en 2015 por el abogado Alvin Weeden, en la que puso de conocimiento el pago de coimas a los funcionarios.
De acuerdo con las evidencias mostradas, Odebrecht pagó en el istmo sobornos por más de 50 millones de dólares.
Entre algunos de los detalles mencionados se mencionó que en Panamá, André Rabello, director superintendente de la empresa, era quien tenía la posibilidad de solicitar el pago previamente autorizado por su líder empresarial.
Utilizaban un programa mediante el cual las personas enviaban la solicitud del pago, una persona introducía esos datos en el sistema, y automáticamente era visto por el sector de operaciones estructuradas.
Existía un operador que servía como medio de comunicación con chats externo al sector de operaciones estructuradas y operadores financieros, el cual estaba en Suiza y cada usuario tenía la posibilidad de guardar sus archivos.
Morcillo detalló que se logró avanzar en un primer día en que se alegó prescripción de acción penal, existencia de un tribunal ad hoc (tribunal creado para solucionar el caso concreto), falta de notificación por parte del tribunal a imputados, sin embargo, la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso, resolvió conforme a derecho.
Respecto a un hábeas corpus, la fiscal Morcillo explicó que en este caso no hay personas detenidas por lo que el Tribunal notificó a la Jueza de este recurso, por lo que descarto se suspenda la audiencia por ese tema.
En la audiencia, que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, la jueza escuchará los alegatos de las partes para decidir, en un plazo de 30 días hábiles una vez finalizado este acto judicial, sobre el llamamiento a juicio.
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, luego reabierta en 2017 y culminó en octubre de 2018 con cerca de 80 imputados.
El expediente consta de 2.755 tomos con más de 1,1 millones de páginas, precisó el Órgano Judicial.
Odebrecht confesó en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países, por lo que fue multada con 2.600 millones de dólares.
Según las confesiones de la empresa, en Panamá se pagaron más de 55 millones de dólares en coimas o sobornos a funcionarios y particulares.
Fuente: EFE y Prensa Latina.
