El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, refirió que este mes, el órgano contralor comienza el estudio de correspondencia de bienes de otro grupo de más de 50 magistrados. “Un aumento patrimonial no constituye un delito en sí mismo, siempre y cuando se pueda justificar con fuentes legítimas y documentadas. Sin embargo, cuando este crecimiento no tiene justificación, hablamos de un posible enriquecimiento ilícito”, refirió el alto funcionario. Por otro lado, informó que está concluyendo el análisis de correspondencia entre los ingresos y egresos de más de 50 jueces, que en su momento fue solicitado por el Consejo de la Magistratura.
“El incremento significativo en el patrimonio de un funcionario es un tema que se debe de analizar, aunque puede no ser ilegal, merece una explicación detallada. Un crecimiento patrimonial no constituye un delito en sí mismo, siempre y cuando se pueda justificar mediante fuentes legítimas y documentadas. Sin embargo, cuando este crecimiento no tiene justificación, hablamos de un posible enriquecimiento ilícito”, explicó Torres a El Observador.
“En esos casos, el rol de la Contraloría es fundamental y su responsabilidad es analizar el origen de este patrimonio y, si encuentra inconsistencias o signos de un incremento injustificado, tiene la obligación de remitir los hallazgos al Ministerio Público. Esta es una medida crucial para asegurar la transparencia y la integridad en la función pública, donde debemos mantener estándares éticos elevados y demostrar que el patrimonio se ha adquirido de forma legítima”, manifestó el director de Declaraciones Juradas.
“Garantizar la transparencia en el crecimiento patrimonial de los funcionarios es esencial para preservar la confianza en la gestión y en el manejo de la cosa pública”, enfatizó Torres. Fue luego de ser consultado con relación al caso el juez de Luque, Enrique Sanabria, quien de acuerdo a sus declaraciones juradas entre los años 2015-2023 aumentó patrimonio en 285 por cientos.
Según los datos, el patrimonio neto del magistrado aumentó de G. 2.333.000.002 a G. 8.992.410.000, lo que representa una variación absoluta de G. 6.659.409.998, equivalente a un crecimiento porcentual de 285 por ciento. En las DJBR no se registran pasivos. Sanabria reportó millonarios depósitos en cooperativas, derivados de venta de inmuebles, según declaró ante el órgano de control.
PERIODO 2015-2019
-Patrimonio Neto en 2015: G. 2.333.000.002
-Patrimonio Neto en 2019: G. 5.964.000.000
-Variación Absoluta: G. 3.630.999.998
-Variación Porcentual: G. 156%
La declaración de Sanabria evidencia, que, durante el periodo señalado, el incremento patrimonial fue de G. 3.630.999. Es decir, tuvo un crecimiento de 156%.
El ingreso mensual promedio declarado fue de G. 35.366.300.
PERIODO 2019-2023
-Patrimonio Neto en 2019: G. 5.964.000.000
-Patrimonio Neto en 2023: G. 8.992.410.000
-Variación Absoluta: G. 3.028.410.000
-Variación Porcentual: 51%
En este periodo, el patrimonio neto aumentó G. 3.028.410.000, un incremento del 51%.
En este lapso, refirió ingreso mensual de G. 71.000.000 y el crecimiento fue de G. 58.015.517. Hay una diferencia de G. 12.984.483 mensual, lo cual plantea una discrepancia entre el crecimiento de los activos y los ingresos declarados, debido a que los ingresos están considerados de forma bruta.
AUSENCIA DE PASIVOS
En las declaraciones juradas, no se registran pasivos que pudieran sustentar el financiamiento de nuevas adquisiciones o inversiones. La falta de tales registros sugiere que el crecimiento patrimonial puede haberse financiado con capital propio o ingresos no detallados en las declaraciones, aunque el magistrado reporta depósitos derivados de ventas de inmuebles. Sin embargo, se desconoce los valores específicos de las transacciones, tanto de compra como de venta.
CASO DEL JUEZ SANABRIA
Torres informó que el estudio de correspondencia de bienes del juez de Luque, Enrique Sanabria, comenzará este noviembre con el grupo de un poco más de 50 magistrados, cuyos nombres figuran en la lista que en su momento fue remitida por el Consejo de la Magistratura.
PRIMER GRUPO DE JUECES, CAMARISTAS, FISCALES,
DEFENSORES PÚBLICOS Y SÍNDICOS DE QUIEBRAS
La Contraloría, por otro lado, está concluyendo el estudio de correspondencia de bienes de un grupo de más 50 operadores de justicia, entre jueces, camaristas, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebras, de una lista de 121, que fue remitida por el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello. El órgano contralor había hecho observaciones con relación a las declaraciones juradas de algunos magistrados, a quienes se les corrió traslado en su momento. Casi siempre, en todos los trabajos de la CGR, entre el 10 o el 15 por ciento, de los antecedentes son remitidos al Ministerio Público, había manifestado una fuente a El Observador.
El juez de Luque, Alexis Vallejos, fue uno de los magistrados que fue Observador por la Contraloría, porque durante el año 2013, cuando era actuario judicial, realizó operaciones cambiaras por US$ 96.201; y en el 2014, adquirió un lujoso vehículo por más de US$ 62 mil.
