El pleno de la Corte resolvió iniciar una auditoría de gestión respecto al expediente comercial referente al remate por parte del juez Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de una estancia que había sido incautada y estaba en administración de Senabico.
El ministro César Diesel propuso realizar la auditoría respecto al expediente comercial “Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con respecto a las medidas cautelares.
En el marco de dicho expediente, el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, apercibió a su colega de Asunción, Lici Sánchez, además dictaminó remitir sus antecedentes a la Fiscalía para que sea procesada por desacato, en caso de que vuelva a indicar en el informe que le requiere, lo que el juzgado no solicitó.
Se trata de un proceso civil en donde el magistrado llevó adelante el remate de una narco-estancia, incautada y entregada a Senabico en administración.
El inmueble, que estaría ligado al pez gordo del narcotráfico detenido en Brasil, Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca; fue tasado en US$ 8.000.000, pero en una “subasta pública”, la empresa Grupo Paraná se quedó con el valioso inmueble por un crédito de G 1.500 millones con la firma de fachada Biocombustible SA o Gilberto Suárez, presunto testaferro de Cabeza. Senabico busca la nulidad del remate.
Juez que remató narco-estancia apercibe a su colega que enviará sus antecedentes a fiscalía
