La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, ratificando así su condena a 35 años de prisión por su papel en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Cartagena.
Con esta decisión, la condena dictada contra Chacón por el Tribunal Superior de Cartagena queda firme, consolidando uno de los fallos más emblemáticos en la cooperación judicial regional en materia de crimen organizado transnacional.
Margareth Chacón fue encontrada penalmente responsable como coautora impropia del asesinato del fiscal Pecci, quien se encontraba en su luna de miel cuando fue emboscado por sicarios en una playa privada de la ciudad caribeña. Según el fallo, Chacón integraba el grupo de dirección del plan criminal y participó activamente en la coordinación logística del atentado, incluyendo el suministro de su vehículo, la entrega de dinero al articulador de la operación y la advertencia sobre la urgencia de ejecutar el ataque ante la inminente salida de la víctima del país.
Durante el proceso, la defensa de Chacón intentó demostrar que ella desconocía el plan homicida y que su viaje a Cartagena respondía a fines familiares. Sin embargo, los testimonios, fotografías y registros documentales presentados por la Fiscalía fueron considerados suficientes para confirmar su responsabilidad en la estructura criminal que orquestó y ejecutó el crimen.
La demanda de casación presentada por su defensa alegaba múltiples irregularidades procesales y errores en la valoración de la prueba, afirmando entre otras cosas que su cliente no fue debidamente informada de los cargos bajo la figura de coautoría impropia. No obstante, la Corte consideró que estos planteamientos carecían de sustento suficiente y que no se evidenció la vulneración de garantías fundamentales como para admitir el recurso.
El asesinato de Marcelo Pecci, quien lideraba investigaciones sensibles vinculadas al crimen organizado en Paraguay, como A Ultranza Py, tuvo una amplia repercusión internacional y derivó en una rápida acción de las autoridades colombianas. Varios de los implicados ya fueron condenados, y el caso se convirtió en símbolo del alcance transnacional de las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y el lavado de dinero.
Margareth Chacón deberá cumplir una pena de 420 meses de prisión (35 años) sin posibilidad de prisión domiciliaria ni beneficios penitenciarios, y permanecerá inhabilitada para ejercer funciones públicas por 20 años. Su rol, según los jueces, fue esencial para la coordinación y ejecución del plan criminal que terminó con la vida del fiscal Pecci.
