04/10/2024

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Corte estudia un «reajuste» de G. 50.619 millones para 1.048 magistrados en 2023

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En su sesión extraordinaria de hoy, la Corte estudiará un pedido de «reajuste» en la bonificación de 203 camaristas, 536 jueces de primera instancia y 309 jueces de paz. Si los ministros aprueban el pedido de los gremios implicará un incremento de G. 50 mil 619 millones en el presupuesto del 2023. Un miembro del Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, gana actualmente G. 23.279.496 y un juez G. 19.756.000. La asociaciones justifican la solicitud, mientras la ciudadanía critica las actuaciones de los operadores de justicia. Por otro lado, los funcionarios judiciales también reclaman una «actualización» salarial.

 

Los gremios de magistrados solicitaron a la Corte elevar del 12 al 30 por ciento la bonificación que reciben sobre el salario por responsabilidad en el cargo.
Los camaristas, 203 en todo el país, tienen una remuneración básica de G. 20.729.496 y perciben en concepto de bonificación por responsabilidad en el cargo G. 2.550.00 al mes, lo que equivale al 12 por ciento del salario básico. Ahora, piden 18% más o sea unos G. 3.668.849 más, lo que mensualmente representaría G. 744 millones 776 mil al mes y que al año (incluido aguinaldo) representa G. 9.682 millones.

Los jueces de primera instancia, que son 536, tienen una remuneración básica de G. 17.806.000, a lo que se suma una bonificación de G. 1.950.000 y con ello el salario llega a G.19.756.000. Si se aprueba el reajuste, tendrán un aumento de G. 3.391.000, lo que al mes sería G. 1.818.004.800 y al año G. 23.634. 062.400
Los jueces de paz, 309 en total, ganan G. 16.025.400 al mes. La bonificación es de G. 500 mil y piden aumento de G. 4.307.620. Esto representa G. 1.331 millones al mes y al año G. 17.303 millones.

Sumados los «reajustes» de camaristas, jueces de primera instancia y jueces de paz, que en total son 1.048 en país, el monto total en el presupuesto de 2023, trepa a G. 50.619.864.451.

Los ministros también prevén analizar un reajuste para actuarios judiciales, ujieres, oficiales de secretaría y dactilógrafos.
De acuerdo a fuentes judiciales, también los funcionarios de los Registros Públicos igualmente propusieron reajustar sus salarios.

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