El juez de San Estanislao, Esteban Vázquez Gallarde, fue sumariado ayer por la Corte ante supuestas graves irregularidades cometidas al ordenar la prohibición de innovar y contratar sobre tres fincas de Lambaré, de la firma Compañía Paraguaya de Desarrollo Urbano. La medida cautelar fue solicitada por los concejales de Lambaré Osmayra Tamara Pereyra Delgado, Héctor Molina Ávalos y Graciela Carolina González Pérez. En junio pasado, el Jurado de Enjuiciamiento blanqueó al magistrado, quien fue acusado por el BNF de tramitar en forma anómala 112 juicios de quiebras.
Los antecedentes revelan que los concejales se presentaron y solicitaron la medida cautelar de urgencia contra la referida firma, quien se encuentra en posesión de las tres fincas. Argumentaron que se había aprobado el reloteamiento de los inmuebles, con la condición de que la empresa transfiera en forma gratuita a favor de la Municipalidad de Lambaré, una superficie de su propiedad para calles y espacios verdes.
Agregaron que la resolución quedó firme sin que haya sido objeta por la firma ni la municipalidad. “Desde la fecha del dictamiento de la resolución 11/79, del 9 de abril de 1979, han pasado varios años sin que la Compañía Paraguaya de Desarrollo Urbano haya transferido en concepto de calles y de espacios verdes”, refiere parte de la presentación de los concejales que fue transcripta por el juez en el Auto Interlocutorio N° 591 del 12 de setiembre pasado, por el cual dispuso las medidas cautelares sobre las tres fincas.
El magistrado habría actuado fuera de su competencia, por lo que la Corte tomó ayer la decisión de abrir el sumario correspondiente.
Blanqueo del Jurado
En junio pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó una acusación del Banco Nacional de Fomento contra el juez Vázquez Gallardo, quien supuestamente tramitó en forma irregular 112 juicios de quiebra. El dictamen jurídico recomendó admitir la acusación con relación a varios puntos.
El doctor Oscar Paciello fue el preopinante y a su postura se adhirieron el entonces miembro Rodrigo Blanco, el ahora senador Hernán Rivas y la senadora Hermelinda Alvarenga.
Por su parte, el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia votó por admitir la acusación. Se le adhirieron el ministro César Garay y el entonces miembro, Ramón Retamozo.
El miembro Alfredo Enrique Kronawetter se había inhibido.
