La Corte suprimió ayer el Consejo de Administración Judicial, CAJ, que fue creado por acordada del año 2013 y cuyos cuatro integrantes fueron nombrados en el 2015. Seis de los ocho ministros presentes en la plenaria extraordinaria votaron por la no continuidad del referido estamento, por violar la Constitución Nacional y las leyes.
Los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candía, César Diésel, Alberto Martínez Simón y Gladys Bareiro votaron por la supresión del inconstitucional e ilegal Consejo de Administración. Los doctores Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes insistieron en la “reestructuración” del CAJ, cuyos consejeros ganan actualmente más de G. 27 millones y hasta el año pasado percibían más de G. 37 millones, salario casi igual al de un ministro de la Corte que gana G. 40 millones.
La sesión fue trasmitida en directo y la gente pudo ver la reacción de cada uno de los ministros que participaron de la plenaria extraordinaria. El rostro del doctor Benítez Riera refleja la rotunda derrota que tuvo su postura, de la cual intentó convencer a su colega en varias ocasiones.
El doctor Jiménez Rolón, el primero que habló cuando el presidente Martínez Simón dio el uso de palabra a los ministros, dejó en claro que el CAJ es un estamento inconstitucional e ilegal. El ministro Ramírez Candía agregó que atenta contra la Carta Magna porque por acordada se otorgó a los consejeros atribuciones propias de un miembro de la Corte.
El ministro César Garay, quien siempre estuvo a favor de la supresión del Consejo de Administración Judicial, no participó ayer de la extraordinaria.
La Corte dejó a cargo del Consejo de Superintendencia de la Corte, integrada por Martínez Simón, Llanes y Fretes, que analice la situación de los consejeros para ver que funciones van a cumplir ahora. Los más de 20 funcionarios que fueron comisionados al CAJ volverán a los puestos que ocupaban anteriormente en el Poder Judicial.
Los consejeros son Roberto Torres, Luz Antúnez y Alberto Martínez Franco. El salario de los mismos está incluido en el presupuesto general, por lo que podrían seguir cobrando los G. 27 millones mensual.
Lo que la Corte tiene que hacer es eliminar dicho rubro en el presupuesto del 2021, pero el proyecto de presupuesto ya fue remitido y en el mismo de nuevo está el rubro para los consejeros. Los ministros tienen que tener cuidado en la administración del dinero público.
