En sesión extraordinaria, la Corte suspendió a las juezas de sentencia de PJC, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, quienes habrían confabulado con el exdiputado “Lalo Gomes”, para liberar al narco Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.
La máxima instancia judicial dispuso la apertura de una auditoría, la suspensión inmediata, también la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
De igual manera, se resolvió remitir un oficio a la Contraloría para que se realice un estudio de correspondencia sobre sus bienes y además una auditoría de gestión respecto a todas las causas en las que ambas tomaron intervención.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón expuso que se trata de hechos delictuosos extremadamente graves. “Ellos atentan contra el sistema democrático constitucional de la República. Desde luego merece la atención inmediata del Ministerio Público, pero ello no quita la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, pues se trata de hechos cometidos por magistradas. Pido que la denuncia que haga la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público sea clara, directa, expresa y contundente”.
Agregó que se trata “increíblemente de la participación de magistradas en hechos de obstrucción de una investigación penal. Esto parece kafkiano. Y no solo eso, en el marco de estos juicios contra el narcotráfico, la jueza en cuestión ha participado en el dictado de una sentencia absolutoria que posteriormente fue anulada por el Tribunal de Apelación. Consecuentemente, creo que también debería analizarse ─a la luz de todo lo que hoy conocemos─ la posibilidad de que haya prevaricato, de conformidad con el Art. 305 del Código Penal. Y es más, según pudimos ver por los medios de información que tomaron estado público, esta persona también eventualmente podría ser parte, como ya se dijo, de una asociación criminal”.
Dijo además que no se puede descartar la posibilidad de que haya mediado algún soborno. “Todo ello, desde luego, debe ser investigado por el Ministerio Público y de confirmarse dentro de un debido proceso legal, que se apliquen sanciones ejemplares. Tampoco podría dejarse de lado o soslayar la responsabilidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.
Finalmente, alertó que están “ante un hecho sin precedentes. Aquí está en juego el futuro de la República”.
El Observador dio a conocer en 2023 un informe de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria, del Ministerio de Justicia, que data del 11 de noviembre de 2021, advirtió de las sugestivas disposiciones de la jueza, Carmen Silva Bóveda, presidenta del Tribunal de Sentencia, a favor de Waldemar Pereira Rivas, alias Chachorão, acusado por el crimen del periodista Leo Veras y sindicado como uno de líderes del PCC.
Dicho informe hacía referencia a la orden para trasladar al procesado de la Agrupación Especializada a la Penitenciaría Concepción, con la advertencia de la jueza de que si no se cumplía, se enviarán los antecedentes a la Fiscalía por desacato. Incluso dispuso la internación de Cachorrão en un sanatorio privado.
La magistrada Silva, junto a sus colegas Ana Aguirre y Mirna Soto, en juicio oral habían absuelto y liberado a Pereira Rivas, decisión que posteriormente fue revocada por una Cámara de Apelación.
