26/02/2024

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Dany Durand suma una nueva imputación derivada del caso Mocipar 

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La fiscal Alba María Delvalle imputó a Dany Durand, a su esposa Luz Marina González de Durand y a otras seis personas por lavado de activos, conducta conducente a la quiebra y otros hechos, que se suman a las demás causas del caso Mocipar. 

Los demás imputados son Marcela Adriana Durand Martínez, Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba; varias de estas personas afrontan causas por estafas que forman parte del caso Mocipar por promociones y suscripciones fraudulentas. 

Se les atribuye la supuesta comisión de los hechos de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la Seguridad Social. 

A Dany Durand y su esposa Luz Marina se les imputó también por lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. 

En tanto a Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.

Según los antecedentes, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar. 

Dany Durand presentó en sede fiscal un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, wen la cual instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Durand como Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (siete de noviembre de 2017). Sin embargo, las constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria. 

El presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.

Dicho acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registros existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales. Esta repartición estatal certificó en fecha 1º de noviembre del año 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar.

A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y Marcela Adriana Durand, supuestamente ya se habían desvinculado de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques en cuatro bancos de plaza. 

Otros datos apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de USD. 79.000 (Dólares setenta y nueve mil) comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina.

Según las investigaciones, también habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.

Otro aspecto que recoge la investigación es que se presume, que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.

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