19/04/2024

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Datos de celular de secretaria fiscal revelarían feroz esquema de coima

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La imputación a la secretaria fiscal de la Fiscalía de San Lorenzo, a cargo de Ana Girala, y a las abogadas Liz Martínez Robles y Nélida Alcaraz por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, relata cómo se operó para despojarle de G. 32.000.000 al padre de un procesado para que su hijo no vaya a juicio oral por homicidio y asociación criminal. Sin embargo, este caso sería la punta del iceberg de un feroz esquema de coima en la referida unidad y que quedaría corroborado con la extracción de datos del celular de la funcionaria procesada. La diligencia ya fue ordenada por el juez José Delmás a pedido del fiscal anticorrupción Osmar Legal, quien tiene a su cargo la causa.

Los mensajes que contiene el celular de la secretaria fiscal, Griselda Acha Alcaraz, evidenciarían que los presuntos pedidos de coima para “arreglar” las causas sería un “modus operandi” en la fiscalía de San Lorenzo, específicamente en la unidad a cargo de la fiscal Ana Giral. Aunque este esquema impera en los diferentes puntos del país y explica porque hay funcionarios y fiscales que tienen lujosas residencias y vehículos de último modelo, que con el salario que perciben en el Ministerio Público, no podrían cubrir una cuota mínima de auto de marca o casa propia.

En el procedimiento realizado en la semana, el fiscal Legal había incautado el celular de Acha y como parte de la diligencia investigativa, solicitó al juez Delmás que ordene la extracción de datos del aparato móvil. El magistrado ya hizo lugar al pedido del agente del Ministerio Público.

De acuerdo a fuentes tribunalicias, en el teléfono de la secretaria fiscal habría muchos mensajes de varias otras causas, en las que supuestamente se llegaron a “acuerdos” entre la Fiscalía a cargo de Girala y los procesados. Existirían varios elementos que hacen presumir esta situación.

De hecho, que en las redes sociales ya se pueden leer denuncias en contra de la unidad a cargo de Girala. Se supone, que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez va a disponer una auditoría en la mencionada unidad, que ahora está incluso bajo sospecha de la comisión de hechos punibles y presunto feroz esquema de coima.

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