Se fijó para el 23 de septiembre a las 10:00 horas en Santa Rosa del Aguaray, la audiencia preliminar para el juez de Ejecución Penal, Néstor Arévalo, imputado por autorizar el traslado de narcotraficantes a la granja Porvenir de la Penitenciaría Regional de San Pedro.
La audiencia ya fue suspendida 14 veces, evitando que la causa se eleve a juicio oral. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados apercibió al juez imputado, por las sucesivas medidas dilatorias.
La acusación presentada por la fiscal María Irene Álvarez en contra el magistrado Néstor Ramón Arévalo Zorrilla es por frustración de la persecución y ejecución penal y cohecho pasivo agravado (coima).
La causa es por el escándalo de la granja vip en la cárcel regional de San Pedro. En el sitio estaban “recluidos” varios condenados de alta peligrosidad, como el narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló.
Antecedentes
Según la acusación fiscal, Néstor Arévalo ordenó el traslado a la granja vip del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años, aunque hace tres días recayó en él otra pena de tres años.
La granja se denominaba “Porvenir” y estaba destinada para el régimen de libertad semiabierta, pese a que no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia. La investigación fiscal permitió constatar que la granja era una construcción clandestina que estaba detrás del penal, fuera del recinto penitenciario, y se comprobó que los internos condenados por narcotráfico fueron los que construyeron el lugar y lo amoblaron a su gusto.
Tranquilino Giménez fue trasladado del penal de Ciudad del Este a la penitenciaría sampedrana. Fue Alberto Orella, director de la cárcel de CDE, quien permitió que el integrante del grupo de Jarvis Chimenes Pavão sea trasladado de una penitenciaría a otra. Tras su arribo al penal de San Pedro, Giménez solicitó ser beneficiado con un régimen de semilibertad, que le fue otorgado por el juez Néstor Arévalo.
“Chapaló” y Tranquilino vivían en la granja en total libertad, usaban como secretarios a otros dos presos, tenían vehículos, salían de vacaciones solos o con sus familias e incluso los fines de semana visitaban los principales locales nocturnos del segundo departamento.
Todos los privilegios fueron descubiertos el 17 de junio de 2019, al día siguiente de la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan Rótela que ocurrió en la población penal común.
En la granja se incautaron los teléfonos celulares de Tranquilino y Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, en los que se hallaron conversaciones con abogados, en las que se aluden a pagos de coimas a los funcionarios.
Tras el escándalo, ambos fueron devueltos a prisiones ordinarias. El primero fue trasladado de nuevo a la cárcel del Este, donde fue asesinado el 27 de agosto de 2020.
