El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los agentes policiales Miguel Ángel Sosa Marecos, Aníbal Fabián Avezada Miranda y Jorge Darío Duarte, imputados por extorsión y otros. Guardarán reclusión en la Agrupación Especializada.
El fiscal Federico Delfino, al solicitar la prisión preventiva, argumentó que se trata de un hecho antijurídico grave y ademá resaltó que “los citados son agentes de la Policía Nacional quienes prestan servicio activo en la Comisaría 10° de Asunción, y como tales se aprovecharon de su condición de agentes policiales para cometer en concurso los hechos punibles conforme lo establecido en el art. 70 del C.P. previstos en los arts. 185 Inc. 1° (extorsión), artículo 301 inc. 1°.- (Cohecho pasivo agravado) y art. 318.- (Inducción a un subordinado a un hecho punible)”
La defensa, ejercida por el Abg. Eduardo Cazenave, indicó que los imputados están en la categoría de delito, que cuentan una expectativa de pena reducida, además que los mismos se presentaron de forma voluntaria a las autoridades, por lo que solicitó la aplicación de medidas alternativas.
El juez resaltó que la defensa no presentó documentos que avalen el arraigo de los imputados, y en cuanto a la pena a ser impuesta, refirió que “nos encontramos ante una expectativa de pena privativa de libertad con relación a los tres tipos penales atribuidos. En relación al peligro de obstrucción, el Juzgado considera que dicho presupuesto podría encontrarse latente teniendo en cuenta que el imputado es personal policial de carrera y que el mismo para la supuesta comisión de los hechos se habrían valido de su condición de personal policial, lo que, según el Ministerio Público podría derivar en influir en posibles testigos”, por lo que resolvió decretar la prisión preventiva, en la Agrupación Especializada por su condición de agentes policiales.
Los uniformados fueron importados en relación al hecho ocurrido el martes 2 de junio, cuando habrían abordado a un joven de 20 años, quien se encontraba en su vehículo, por supuesta actitud sospechosa.
Los mencionados agentes llevaron a la víctima a la comisaría y le exigieron una suma de dinero, bajo la amenaza de iniciar una causa penal en su contra, pedido al cual la víctima accedió y les entregó G 3.000.000, cifra que retiró de un cajero automático.
La operación bancaria fue notada por los padres del joven, debido a que la cuenta era conjunta y tras tener conocimiento de los sucedido, realizaron la denuncia por presunta extorsión.
Delfino agregó que estos agentes antes de dejar libre al joven, lo hicieron firmar un documento en el que constaba que no había entregado compensación económica alguna al personal. El agente fiscal alertó que este no sería el único caso de esta naturaleza y que se manejan varios casos similares.