El Abg. Derlis Martínez, defensor de Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo cuestionó los informes periciales presentados por peritos de la Fiscalía y hasta los tildó de ridículos, por la deficiencia con que fueron hechos los informes.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la defensa fue lo referido a los gastos personales y familiares del matrimonio, destacando que es uno de los asuntos más complicados de sostener jurídicamente.
Indicó que lo sostenido por el Ministerio Público en sus alegatos no es correcto. “Me asusta esto y me preocupa no tanto por mi, sino por todos los funcionarios públicos. Hace dos días leía por coincidencia leía una publicación digital del diario El Observador que decía que la Contraloría encontró inconsistencias en las DDJJ de Bienes y Rentas de jueces, fiscales y defensores públicos, pero claro que vas a encontrar, a mansalva vas a encontrar”, señaló y en ese sentido explicó que “resulta que si un funcionario público, fiscal, defensor público, magistrado, quiere ahorrar para comprarse un auto, para comprarse una casa, no le sirve ahorrar, no se le va a considerar su ahorro, está obligado a gastar cuanto menos menos el 65% y eso es ridiculo, aqui los hechos se tienen que probar”.
Prosiguió diciendo que efectivamente es difícil probar lo que una familia o una persona ahorra en 10 años, “¿eso significa que podamos presumir, podamos estimar en un proceso penal donde se tiene que definir una absolución o una condena? No señores jueces, la fiscalía hace lo más fácil, ‘estimemos’”.
Indicó que había documentos relacionados a gastos familiares y personales sobre los cuales trabajó el Javier González, sin embargo sostuvo que no se puede asegurar que están todos los documentos, “porque hay gastos que uno hace y no pido factura, porque son gastos corrientes, gastos menores, cuando uno viaja y pide una chipa no pide recibo, pero es lo que hay, es lo que se tiene que verificar”.
Agregó que el propio Javier González, cuando le consultaron en juicio sobre la fiabilidad de la fórmula que utilizó en su pericia dijo: “‘Yo no puedo dar fe de que estos montos sean reales, de que sean los gastos realizados por la familia’. Esa simple frase es suficiente para hacer caer todo”.
En otro momento, sostuvo que le consultaron al perito González si el porcentaje de 65% asignado como gastos familiares podría ser otro, este respondió que sí y cuando preguntaron si podía ser menos, “la Fiscalía saltó con su objeción” como lo hizo en todo el juicio”.
“Señores miembros, pregúntense si esa fórmula es aplicable a ustedes, porque según Javier González esto vale para todos los funcionarios públicos sin distinción”, manifestó.
El letrado cuestionó también que la “Fiscalía se vale acá de la carátula, no necesito mucho esfuerzo, con tal de alegar”.
Respecto a las mejoras en la estancia Lagunitas, el Abg. Martínez sostuvo que la Fiscalía se basa en el informe del perito Mateo Nakayama y que según su pericia en el inmueble de Lagunitas “no había nada antes del 2010”, pero refiere que se probó todo lo contrario ene l juicio, puesto que la señora María Selva Apolonia, mamá de maria Serlva Mortínigo, adquirió la propiedad en 1966 y registró la marca Lagunitas, en 1971.
“Esto es escandaloso, yo no me conformo con la poca seriedad del Ministerio Público”, exclamó y prosiguió: “qué necesidad hay de inflar e inventar cosas, esto se resuelve con una simple imagen satelital, cosa que nosotros hicimos, y la fiscalía no, es demasiado fácil”.
Según explicó al Tribunal, en una imagen satelital correspondiente al 2004 se puede apreciar todas las mejoras que el Ministerio Público asegura fueron hechas posterior a 2010. “Todas esas obras estaban ahí, los tajamares, la pista de aviación, el galpón, el corral, todas esas obras, todas esas mejoras estaban en el 2004”.
Dijo que Nakayama se encontró con obras nuevas, pinturas nuevas, marcos nuevos, por lo que concluyó que “todo es nuevo”.
También se refirió al alambrado perimetral de la estancia y fustigó: “Cuando le dijimos (A Nakayama) cómo mediste, qué elemento usaste, dijo ‘hice un recorrido y después le pregunté a dos muchachos, uno de ellos creo que era el hijo y me dijo que había 100 kilómetros de alambrado’. Imagínense la irresponsabilidad suprema de este perito. Si había 100 kilómetros de alambrado tenía que recorrer los 100 kilómetros y determinar cuáles eran las alambradas antiguas y cuáles eran nuevas, pero no, él hizo de forma casera”.
Sobre esta controversia, dijo que Nakayama adjudicó G 350 millones como valor total del alambrado. “La estancia existe desde tiempos inmemorables, o sea nunca tuvo alambrada hasta que Maria Selva en 2010 se fue a poner plata en esta empresa. Es ridículo”, sentenció.
El juzgamiento prosigue mañana a partir de las 7:30 jornada en la cual se espera que se dicte sentencia.
Las fiscales Natalia Silva y Claudia Aguilera solicitaron una pena de 8 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exfiscal General Javier Díaz Verón, mientras que para su esposa María Selva Morínigo, 5 años de pena privativa de libertad.
También solicitaron el comiso de sus bienes hasta cubrir el monto del enriquecimiento ilícito, el cual según sus alegatos finales, asciende a G 10.495.174.320.
Fiscales piden 8 años de cárcel para el exfiscal Javier Díaz Verón por enriquecimiento y lavado
