19/07/2024

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Defensor del exsíndico Blas Velázquez es apercibido por estancar procesos con chicanas 

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El juez Humberto Otazú resolvió apercibir al Abg. Robertti Ariel Cardozo, defensor del exsíndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez, por actuaciones temerarias, a causa de la presentación de numerosos recursos que impiden la imposición de medidas de su defendido.

El magistrado detalla que el referido profesional del derecho interpuso al menos medio docena de recursos: 

  • Recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído de fecha 01 de agosto del 2023 resuelto por el Juzgado por A.I. 204 de fecha 24 de agosto haciendo lugar al recurso
  • Recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído de fecha 24 de agosto del 2023 resuelto por el Juzgado por A.I. 255 de fecha 05 de septiembre del cte. no haciendo lugar al recurso, por lo que se dio trámite a la apelación subsidiaria, que fuere resuelto por A.I. 254 por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos confirmando el proveído recurrido.
  • Recurso de apelación general contra el A.I. 255 de fecha 05 de septiembre que fuere resuelto por A.I. 302 por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos confirmando el A.I. 255 de fecha 05 de septiembre del cte., contra el A.I. 302 de Alzada se ha planteado un recurso de aclaratoria, resuelto por el Tribunal por el A.I. 311 no haciendo lugar.
  • Recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído de fecha 24 de agosto del 2023 resuelto por el Juzgado por A.I. 255 de fecha 05 de septiembre del cte. no haciendo lugar al recurso, por lo que se dio trámite a la apelación subsidiaria, que fuere resuelto por A.I. 254 por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos confirmando el proveído de fecha 24 de agosto del 2023.
  • Recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído de fecha 30 de octubre del 2023 resuelto por el Juzgado por A.I. 294 de fecha 08 de noviembre del cte. no haciendo lugar al recurso, por lo que se dio trámite a la apelación subsidiaria, que fuere resuelto por A.I. 336 por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos confirmando el proveído recurrido; y 
  • Recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído de fecha 30 de octubre del 2023 resuelto por el Juzgado por A.I. 294 de fecha 08 de noviembre del cte. no haciendo lugar al recurso, por lo que se dio trámite a la apelación subsidiaria, que fuere resuelto por A.I. 336 por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos confirmando el proveído recurrido. 

Oatzú afirmó que estas presentaciones “han sido al solo efecto de la no realización de la audiencia prevista dentro del art. 242 y siguientes del C.P.P. teniendo en cuenta la existencia de un requerimiento fiscal donde se solicita la imposición de medidas cautelares contra el imputado y que todas las resoluciones recurridas por la defensa han sido confirmadas por el superior, encontrándonos estancados en este estadio procesal como consecuencia de las múltiples presentaciones interpuestas”.

Refiere que el letrado “ha litigado con temeridad” por lo que concluyó que corresponde apercibir con constancia en el legajo al Abg. Cardozo. 

IMPUTACIÓN 

Según refiere la imputación, los hechos se produjeron en el mes de agosto del año 2017 y junio del 2019, cuando Blas Manuel Velázquez, en su carácter de síndico de quiebras de la capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental S.I.F.E.C.A. s/ Declaración de Quiebra”, habría solicitado la autorización para la venta privada de la Finca 12.096, del distrito de Mariano Roque Alonso, con una superficie de 2456 metros cuadrados, por la suma de Gs. 31.000.000 (guaraníes treinta y un millones).Sin embargo, la finca ya habría sido objeto de una venta privada anterior, en fecha 29 de mayo de 2009 por la suma de Gs. 71.000.000 (Guaraníes Setenta y un millones).

La finca N° 12.096 fue objeto de sucesivas y cercanas transferencias, las cuales reflejarían que el síndico no habría ejecutado los actos de protección, con relación a la masa concursal, actuando justamente en perjuicio de ella. pues el inmueble que habría sido vendido por Gs. 31.000.000 en el 2017 y en el año 2019 por Gs. 71.000.000, finalmente fue transferido en el año 2018, entre particulares por Gs. 1.000.000.000, 14 meses después de venta recomendada por el entonces representante de la fallida.

Las conductas referidas habrían producido un perjuicio patrimonial a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, que ascendería a la suma de Gs. 900.000.000, aproximadamente, suma que habría dejado de percibir por la venta de un inmueble de su propiedad. Además, para lograr la venta del inmueble por un monto exiguo, el síndico actuante habría suscrito un dictamen, presentado ante el Juzgado Civil interviniente, en el cual habría formulado afirmaciones contrarias a la verdad, con el fin de lograr la aprobación del órgano jurisdiccional en la venta propuesta del proceso liquidatario.

 

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