Una denuncia por cohecho ante la Fiscalía, otra por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento y un pedido de auditoría de gestión ante la Corte, fueron presentados contra la jueza de Ciudad del Este, Cinthia Garcete. La magistrada es sindicada de haber recibido una supuesta coima de G. 300 millones, junto al fiscal Alcides Giménez, para conceder el arresto domiciliario a 11 policías imputados por el homicidio de una pareja, ocurrido en noviembre del año pasado. Garcete, quien había negado a los involucrados la sustitución de la prisión, por la expectativa de pena de 5 a 30 años, repentinamente cambió de postura y los benefició con las medidas menos gravosas.
Las denuncias, radicadas por Mario Espínola Rojas, padre de la joven asesinada, al parecer no se investigan, supuestamente por protección política y los padrinos que la jueza tendría en la Corte y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En el JEM, en reiteradas ocasiones la magistrada ya fue salvada, pese a los fuertes indicios de mal desempeño de la misma en varias causas abiertas en su contra.
El escrito en el Ministerio Publico fue presentado al fiscal adjunto de Alto Paraná, Jorge Sosa, a quien se solicitó que remita a la Unidad Anticorrupción de Asunción para investigar el hecho. Se desconoce si Sosa ya envió o no. Ayer intentamos hablar con él, pero el funcionario no respondió su celular.
En la denuncia se puntualiza que los policías imputados son: Richard Sebriano Silvero, Hugo Regis Florentín, César González Agüero, Javier Antonio Martínez, Manuel Villalba Gómez, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez, Jaime Ramírez Brítez, Roberto Samaniego Parquet, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar.
El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2022 en la vía pública, alrededor de las 21:45 horas, en el kilómetro 12, lado Acaray a unos 6.500 metros de la Ruta PY 2, cuando personales policiales a cargo del jefe de investigaciones de Ciudad del Este, comisario Hugo Regis Florentín, se encontraban haciendo barrera policial con la intención de capturar a Carlos Cabrera, paraguayo, con pedido de captura internacional y otros antecedentes.
La barrera policial detuvo un vehículo, propiedad de Gloria Yetsica Espínola Cáceres, conducido entonces por Alex Enrique Alejandro Ortiz, quien al detenerse fueron atacados con arma de fuego. Perdió la vida Ortiz y quedó grave la mujer, quien luego falleció.
En el escrito se explica que la jueza por AI N° 839 del 12 de julio pasado, denegó la reclusión domiciliaria de Roberto Samaniego Parquet. Sin embargo, 48 horas después, el 14 de julio, el concedió el beneficio, sin que haya modificado absolutamente nada en las condiciones ofrecidas y que antes fueron rechazadas.
Esta resolución allanó el camino para que los demás procesados sean enviados a su casa.
El primer punto llamativo, según la denuncia, fue la recusación de la fiscala Vanesa Antonia Candia, quien desde el comienzo investigó el caso. Lo reemplazo el fiscal Alcides Giménez, quien, según el escrito, habría estado en contubernio con la magistrada.
“De esta manera, la jueza formó su equipo y recibieron entre los dos G. 300 millones”, señala el denunciante.
“Este plan fue conocido por una abogada de la defensa de uno de los imputados y como se rechazó su pedido de reclusión domiciliaria, había comentado a mi abogado. La idea era que los 11 policías den poder a un solo abogado y esto molestó a la abogada, cuyo nombre será dado más adelante, amenazando a la jueza que iba a denunciar la maniobra. No pasaron 24 horas, la a abogada pidió la revisión y se le otorgó el arresto a su cliente”, dice la denuncia.
En los mismos términos, otra denuncia fue presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por presunto mal desempeño de la jueza, que benefició con el arresto a los involucrados en un grave hecho como el crimen de dos personas.
Por otro lado, se pidió a la Corte que disponga una auditoría del expediente, para constatar las irregularidades, según la denuncia.
