El Tribunal de Apelación, Segunda Sala destrabó el proceso contra el excomisario Eusebio Torres Romero, imputado por presunta tortura durante el régimen de Alfredo Stroessner. De esta manera el Juzgado Penal de Garantías tiene vía libre para la convocatoria de imposición de medidas
El presunto represor había interpuesto un recurso de apelación en subsidio, citando varios puntos entre ellos el hecho de que el “Ministerio Público pretende aplicar a hechos supuestamente ocurridos en la década de los años 70, lo cual deviene totalmente inaplicable por imperio del Principio de Irretroactividad de la Ley”
“En tales condiciones, existe un impedimento no sólo «legal» para avanzar con la etapa de imposición de medidas cautelares sobre mi persona, sino que además, existe un impedimento «constitucional» y el avance del presente proceso en cualquiera de sus etapas, podría constituirlo en un futuro en un verdadero «escándalo jurídico», expresa parte del recurso en cuestión.
En lo que respecta a la postura del Tribunal compuesto por los jueces Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, se expone que la Excepción de Inconstitucionalidad se articula dentro de un proceso abierto en cualquiera de las instancias judiciales, y se dirige contra pretensiones fundadas en alguna otra ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución.
Esta vía de control constitucional se caracteriza porque el proceso, en este caso penal, no queda suspendido por su promoción, sino que el mismo debe proseguir hasta el estado de sentencia. – Ahora bien, teniendo en cuenta el efecto de la interposición de la excepción de inconstitucionalidad, este Tribunal de alzada al realizar un análisis de autos, observa que la causa no se encuentra en el estadio de debate oral y público, por lo que de manera alguna se dan los presupuestos para ordenar la paralización del proceso penal seguido a Eusebio Torres.
En consecuencia, la providencia dictada por el Juzgado Penal de Garantías fue adoptada teniendo en cuenta todas las normas procesales tendientes a garantizar el proceso.
Antecedentes
El Ministerio Público intervino en la causa tras una denuncia penal presentada por las víctimas identificadas como Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Aguilera de Casco, quienes habrían sido detenidas de manera ilegal.
Los mencionados fueron detenidos en diversas circunstancia y sufrieron torturas físicas y psicológica durante el periodo de privación ilegítima de libertad en el temible Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional durante el periodo stronista.
La imputación data de 2017, en ese entonces el exjefe policial contaba con 80 años de edad por lo que se le solicitó el arresto domiciliario.
