Una intervención en el Departamento de Ingresos Judiciales, ordenada en mayo pasado, resaltó un faltante de G. 1.759.923.561, en concepto de canon depositado por el Consorcio del Registro del Automotor a la Corte, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2021. Esto ya fue detectado en una auditoría interna pero nunca se esclareció. Además, el Sistema de Ingresos Judiciales reporta un saldo no cobrado de G. 2.039.07.343 por multas impuestas a condenados. “No existió un control adecuado y un seguimiento de los pagos y del estado de las causas judiciales”, dice el informe. En exoneraciones de pagos a través del “perfil particular de liquidación” habría un daño de G. 553.376.905. Se estaría ante la posible comisión de hechos punibles y el caso fue enviado a la Fiscalía.
El 5 de setiembre pasado, la licenciada Ana Beatriz González Rivas, interventora del Departamento de Ingresos Judiciales, elevó un informe al presidente de la Corte, Antonio Fretes y por su intermedio a los demás integrantes del alto tribunal.
El informe preliminar contiene el resultado de las verificaciones aleatorias realizadas a la funcionalidad del Sistema de Ingresos Judiciales y a los Servicios de Línea prestados por la institución, en el periodo de tiempo verificado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de mayo de 2022. Además, se han efectuado otras verificaciones aspectos tales como venta de materiales notariales, multas a condenados, exoneraciones, entre otros, dice el informe.
En los aspectos más resaltantes menciona que al 31 de julio de 2022, el Sistema de Ingresos Judiciales reporta un saldo no cobrado de G. 2.039.076.343 en concepto de multas impuestas a condenados judiciales. “No existió un control adecuado un seguimiento de los pagos y del estado de las causas judiciales”, enfatiza la interventora.
González Rivas refiere que según el resumen presentado el 6 de junio de 2022 por el licenciado Carlos Fleitas, jefe de la División de Ingresos No Tributarios, en oportunidad del Corte administrativo, los pagos atrasados por los condenados ascendían a G. 1.805.108.190. “En dicho listado, se han observado saldos pendientes, con “últimos pagos” realizados en el ejercicio 2002 inclusive, es decir, hace años atrás”, resalta la interventora.
A solicitud de la intervención, el licenciado Fleitas presentó un lisado actualizado de “Saldos por Condenados”, que abarca hasta el 31 de julio de 2022, donde se puede observar un saldo pendiente de G. 2.039.076.343, según el documento que fue elevado a la Corte Suprema.
“En el marco de la intervención se ha visualizado correos remitidos por Fleitas a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de fecha 13 de mayo de 2022, con reiteraciones en fecha 6 de junio y 6 de julio, solicitando el “Listado de condenados a multas penales” desde el sistema utilizado por Estadística Penal, en base a una reunión de fecha 11 de mayo de 2022. La Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones el 27 de julio ha remitido el listado de datos vinculantes registrados en el marco de juicios que derivan en aplicación de multas pecuniarias. La información incluyó Sentencias Definitivas y Auto Interlocutorios de Juzgados de Ejecución de todas las circunscripciones del país, al 22 de julio, tomados desde el sistema utilizado por Estadística Penal, datos que servirían para iniciar los trámites de depuración de datos en el sistema”, dice otra parte del documento.
El 28 de agosto, la interventora dice que tomó conocimiento de que Fleitas envió otro mail a Fabiana López Baruja, directora de Estadísticas, adjuntando los datos que había remitido la Dirección de Tecnología. “A la fecha, el jefe de la citada División no ha presentado acciones de mejoras realizadas o a implementar con base a los datos proveídos por la DGTIC”, resalta González Rivas.
“Se puede concluir que existen multas pendientes de pago con plazos vencidos, denotando una absoluta falta de control y un seguimiento deficiente respecto al tema por parte del jefe de la División Ingresos No Tributarios, así como una ineficiente comunicación con los juzgados de Ejecución Penal de todas las circunscripciones”, apunta.
Faltantes
También hacer referencia a dos faltantes: de G. 1.079.509.169 y G. 680.414.392 en las recaudaciones del canon depositado por el Consorcio del Registro del Automotor a la Corte, según informe de la Dirección General de Auditoría Interna de los Ejercicios 2019 y 2021. “Nos ha sido objeto de esclarecimiento oportuno por parte del Departamento de Ingresos Judiciales y que de verificarse su veracidad y exactitud, representaría una pérdida para la institución de G. 1.759.923.561”, resalta González Rivas.
