Esta mañana debía iniciar el juicio oral y público contra el exfiscal General del Estado, Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero respectivamente, sin embargo presentaron una apelación contra la conformación del Tribunal, argumentando que fue impuesta de manera “arbitraria”.
La defensa de los acusados argumentó que el Tribunal, al ser conformado por Providencia en vez de por sorteo, se constituye en una «abierta violación de las reglas que rigen la materia, lo que significa que el Tribunal de Sentencia ha sido conformado o integrado discrecional y arbitrariamente».
El Tribunal que tiene a su cargo el juzgamiento está conformado por los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Cándida Fleitas.
A criterio de los abogados del matrimonio, esto «provoca la sospecha fundada sobre su falta de imparcialidad, competencia e independencia, ante la inseguridad natural que genera el hecho de haber burlado las reglas sobre conformación o integración del Tribunal de Sentencia».
De esta manera, la defensa solicita que el caso sea atendido por un Tribunal Especializado en Crimen Organizado.
🟩Como adelantamos, la defensa del exfiscal general,Francisco Javier Díaz Verón solicita la suspensión del inicio del juicio oral,debido a que apelaron la conformación del Tribunal,refieren que se impuso de manera arbitraria que la causa sea atendida por el Tribunal Especializado pic.twitter.com/hEbRWWx6St
— El Observador (@observapy) October 11, 2022
«Como se sabe, la interposición del Recurso de Apelación General conlleva la suspensión de efectos de la resolución recurrida, conforme a la regla establecida en el Art. 453 CPP, que dispone: Efecto suspensivo. La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y mientras no se tramite el recurso, salvo disposición legal en contrario», refiere parte de la recusación.
Francisco Javier Díaz Verón está acusado de Enriquecimiento Ilícito en carácter de autor, y María Selva Morínigo Vargas, por el hecho punible de lavado de dinero. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el matrimonio realizó compras e inversiones que superan ampliamente su capacidad adquisitiva, por valor de G. 10.495.174.320, monto que se refleja como diferencia en las declaraciones juradas presentadas por ambos a partir del 2014.
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